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El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 0227 de 2023, en el cual el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asumía el control de la regulación de los servicios públicos durante tres meses.
“Se decreta la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto 227 de 16 de febrero de 2023, acto administrativo suscrito por el Presidente de la República, por los ministros: de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, y de Vivienda Ciudad y Territorio, y por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, de conformidad con las razones expuestas en el presente proveído”, indica el Consejo de Estado.
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La decisión la tomó el Alto Tribunal al momento de estudiar una demanda presentada por Julián David Solorza y Lucas Arboleda Henao, quienes solicitaron que se anulara el decreto al argumentar que fue expedido irregularmente, ya que el presidente de Colombia no podía asumir funciones del Congreso de la República.
Afirman que el régimen tarifario de los servicios está sometido a la reserva legal, eso quiere decir, que debe ser tramitado por el Congreso. Además, dicen que el decreto fue expedido “con falsa motivación”.
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“No se encuentra ajustado a dichas normas superiores el hecho consistente en que el Presidente de la República pretenda asumir competencias que, por virtud de los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1993 y 20 y 23 de la Ley 143 de 1994, no son de su resorte, en tanto le fueron atribuidas por el legislador directamente a la CREG y a la CRA", se lee en el documento.
