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La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al formular pliego de cargos contra tres directivos de la Concesionaria Ruta del Sol, por el delito de falsedad en documento público.
Entre los investigados está el representante legal de la firma Eder Paolo Ferracuti, al igual que los miembros de la junta directiva, Eleuberto Martoreli y Alberto Mariño Samper, quienes habrían autorizado la exposición de un documento que permitió el pago por más de $9.400 millones pesos a la Sociedad Profesionales de Bolsa S.A.
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Según la Procuraduría el documento tiene fecha del 27 de octubre de 2014 y a través de éste, se habría comunicado a la compañía profesionales de Bolsa aceptar una oferta mercantil que tenía como objetivo “la prestación de servicios de asesoría financiera y banca de inversión“.
Dice la Procuraduría que ese proceso permitió la elaboración de un contrato presuntamente falso, “en virtud del cual habría autorizado pagos por un valor de $8.378.000.000, y total incluido IVA de $9.467.270.400, cifra que al parecer superaba el límite estatutario de contratación sin autorización de la junta directiva“.
La investigación de la Procuraduría señala que los pagos habrían sido aprobados a través de cuatro facturas que se expidieron el 15 de diciembre de 2014; el 14 de enero, el 11 de marzo y el 11 de mayo de 2015.
“Con cargo a recursos públicos consignados en patrimonio autónomo constituido para la ejecución del Contrato Estatal de Concesión No. 001 del 14 de enero de 2010, celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S”, dice un comunicado de la Procuraduría.
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La Procuraduría señala que de esta manera aprovecharon el uso indebido de recursos públicos “permitiendo su apropiación a favor de un tercero”.
En el caso de Martoreli y Mariño Samper la Procuraduría dice que entre marzo y abril del 2015, habrían acordado falsificar el cara de la junta directiva de la concesionaria para permitir la incluir la autorización que firmó Ferracuti para que contratara con la firma Profesionales de Bolsa.
“Los investigados presuntamente incumplieron el deber de obrar de buena fe, el de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, y el de observancia de lo pactado en el contrato, que establecía el compromiso de buen uso de los recursos provenientes de aportes del INCO y recaudo de peajes”, dijo la Procuraduría
