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La Alcaldía de Bogotá anunció que apelará la decisión del juzgado quinto municipal administrativo oral del circuito judicial de Bogotá, de suspender provisionalmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) decretado por la alcaldesa Claudia López.
A través de un comunicado, el Distrito indicó que se cumplió a cabalidad con todos los requisitos, trámites y términos establecidos por la Ley.
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"Presentaremos una apelación de esta medida ante el Tribunal Superior de Cundinamarca. Asumir que el trámite de una recusación o de un impedimento suspende los términos perentorios establecidos en la Ley para el trámite de normas de especial categoría como el POT ante los Concejos Municipales o de leyes tales como el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación o del Plan de Inversiones ante el Congreso de la República, implicaría poner en vilo la entrada en vigencia de tales normas de trascendental importancia para la ciudadanía, afectando gravemente el funcionamiento de las ciudades y el país" señala uno de los apartes del comunicado de la Alcaldía de Bogotá.
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El Distrito agregó que quienes están detrás de esta demanda, buscan sabotear el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para continuar lucrándose de manera irregular.
"Quienes ven afectada su política del lucro y corrupción a costillas de los bogotanos, fueron los mismos que sabotearon en el Concejo el trámite del POT y hoy pretenden a toda costa evitar que se aplique el POT Bogotá Reverdece 2022 – 2035, porque el mismo ponía fin al volteo de tierras, a la denegación de vivienda digna a los familias más humildes, a la depredación de la estructura ecológica de la ciudad, y a la perpetuación de la inequidad y la pobreza en calidad de vida por falta de servicios e infraestructura para el empleo, transporte limpio, educación, salud y cuidado a las mujeres, jóvenes y familias de Bogotá", señala otro de los apartes del documento.
En ese sentido, el Distrito también señaló que "lo que pretenden es seguir beneficiando de manera indebida los bolsillos de unos pocos, a costa de la pobreza en la calidad de vida de los bogotanos".
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Por su parte, el presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, aseguró que se realizarán las indagaciones correspondientes para determinar si efectivamente hubo irregularidades con las recusaciones y los tiempos establecidos para la publicación del POT.
"Cualquier recusación que no cumpla con unos requisitos mínimos es temeraria y ahí básicamente lo que el juez dice es que si no cumple con unos requisitos que están establecidos en las diferentes jurisprudencias, no se deberá tener en cuenta y obviamente ponerlo en conocimiento de la plenaria... habrá que revisar lo que dice el señor juez que suspende esas recusaciones y si solamente transcurrieron unos días por tantas recusaciones que tuvimos", concluyó.
