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Organizaciones defensoras de Derechos de Humanos denunciaron y alertaron sobre la crisis humanitaria en el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia.
Hicieron mención de la situación que se viene presentando con el grupo autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ya que estos, desde el pasado 28 de diciembre de 2024, realizaron una avanzada hacia las veredas de El Socorro y Bocas de Chicamoqué del municipio de El Bagre y los límites con Segovia y Sur de Bolívar, donde entraron en confrontación con estructuras de otros grupos armados.
Esta situación, según las organizaciones, se ha ocasionado que desde el día 29 de diciembre familias se hayan visto forzadas a desplazarse hacia la vereda Mina Nueva como única forma de proteger sus vidas.
Situación que se suma al desplazamiento forzado de alrededor de 90 núcleos familiares hacia el municipio de El Bagre, ocurrida el 4 de diciembre del presente año.
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Desde la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, el Proceso Social de Garantías, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y la Corporación Jurídica Libertad, quienes hacen la denuncian, señalaron que, “pese a las múltiples denuncias y alertas realizadas ante el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y el Ministerio Público, no se han tomado acciones efectivas para proteger la vida, seguridad e integridad de las comunidades y sus habitantes y, por el contrario, el nivel de riesgo de la población civil es cada vez más preocupante”.
Agregan que no existen planes para prevenir esta situación y el grupo paramilitar de las EGC continúa avanzando poniendo en riesgo y sometiendo a la población, sin que haya una respuesta efectiva por parte de la institucionalidad para prevenir nuevas acciones contra la población en estos territorios.
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Frente a la situación denunciada, estas organizaciones realizan un llamado al Gobierno nacional para que se concerte e implemente la Zona Crítica y Humanitaria en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, consignada en el Acuerdo número 13 pactado entre el Estado y el ELN.
De igual manera, a que se exija en las diferentes Mesas de Negociación, diálogos socio jurídicos o acercamientos con las demás estructuras ilegales, a que se respeten los mínimos humanitarios como requisito previo a cualquier proceso de negociación solicitan que, de manera inmediata, una delegación del gobierno nacional se desplace al territorio para coordinar con las comunidades indígenas y campesinas, las acciones que sean necesarias para proteger la vida de las comunidades y la integralidad de los líderes y lideresas sociales que se encuentran en riesgo por el accionar de las estructuras paramilitares y guerrilleras en la región.
