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Las quejas de los usuarios de Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país y que el Gobierno nacional intervino en abril de 2024, crecieron el año pasado. Así lo revela un reporte de la Defensoría del Pueblo, que acoge denuncias de pacientes y datos de la EPS.
El departamento con mayor aumento de quejas ante la Defensoría, en términos de porcentaje, fue Huila, con un 564%, pues pasó de registrar unas 39 quejas de las personas afiliadas de Nueva EPS en 2024 a 259 en 2026. Le siguió Vichada, con 538%, y Amazonas, con un 290%.
Quindío era, entre las regiones priorizadas por la Defensoría, el departamento con más quejas ante el Ministerio Público, con 586 en 2024, y al año siguiente confirmó ese primer lugar, con un aumento del 124% y 1.314 casos. En la Superintendencia de Salud el balance es alarmante.
La superintendencia recibió 18.182 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de usuarios de Nueva EPS en 2024 en Norte de Santander. En 2025 la cifra creció en más de cinco mil casos, un 27%, hasta llegar a los 23.063. Huila pasó de 14.668 a 24.621, y Tolima, de 15.116 a 20.615.
En el nororiente de Colombia los usuarios informan de más de seis meses, "inclusive años" —describe el ente de derechos humanos—, esperando medicamentos. De las 705 quejas que se plantearon en Norte de Santander en 2025, 441 tenían que ver con "falta de oportunidad en medicamentos".
También preocupan las deudas millonarias del sistema de salud, sobre todo en territorios como Guainía y Guaviare, donde Nueva EPS es la única aseguradora. El Hospital San José del Guaviare, de segundo nivel, acumula un adeudo de $54.000 millones.
Las carteras en mora llevaron a 37 hospitales públicos en Antioquia a suspender servicios no urgentes a afiliados de Nueva EPS. En Chocó el hospital San Francisco de Asís se declaró en estado de emergencia, pues las urgencias de adultos superaron su capacidad en un 280%.
Una intervención que no da resultados y genera alarmas
No es la primera vez que en el año el Ministerio Público advierte de la debacle que enfrenta la EPS más grande del país. La Procuraduría General de la Nación le pidió en enero adoptar medidas "urgentes" con un "plan de contingencia inmediato" que les responda a sus once millones de usuarios.
El ente de control lideró una mesa de seguimiento el 9 de enero con representantes de la EPS, y solicitó garantizar atención "oportuna e integral" para las personas afiliadas. Además, insistió en la necesidad de trabajar en alternativas para que sus recursos sean suficientes.
La Procuraduría delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad requirió "continuar trabajando en el modelo de ajuste estructural y las alternativas de solución ante la problemática de disponibilidad y suficiencia de los recursos", de acuerdo con un comunicado oficial.
El llamado del Ministerio Público llegó después de una semana cargada de largas filas, escasez de medicamentos e incertidumbre entre los usuarios de Nueva EPS. Colsubsidio dejó de suministrar medicamentos para los usuarios de la entidad, que tuvo que activar un plan de contingencia.
Pese a nuevos gestores en once departamentos donde Colsubsidio operaba —y aunque dispensará medicamentos de Nueva EPS otra vez desde el 10 de febrero—, pacientes y organizaciones han denunciado ineficiencia, aparente improvisación y falta de definición de puntos para dispensación.
La Superintendencia de Salud mantiene intervenida a Nueva EPS desde el 3 de abril de 2024, cuando alegó "una alarmante escalada" en las reclamaciones y una constante vulneración del derecho a la salud. Un año y medio después, el Gobierno adquirió el 51% de las acciones de la empresa.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud— administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
"Un alarmante aumento" en los retrasos en entrega de medicamentos
Nueva EPS es la que conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38.000 peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS.
El 8 de enero la Defensoría del Pueblo advirtió de "un alarmante aumento" en la "dispensación inoportuna de medicamentos" de Colsubsidio, que hasta diciembre del año pasado tenía un contrato para entregarles medicamentos a más de 1,6 millones de afiliados de Nueva EPS.
Con un mensaje en su cuenta de X, la entidad, que hace parte del Ministerio Público, reiteró un "llamado urgente" a la Superintendencia de Salud y al agente interventor de Nueva EPS, Luis Óscar Galves, "para que brinden información clara, oportuna y verificable".
Decenas de pacientes han reportado interrupciones en la atención, procedimientos suspendidos, cancelación de citas y canales virtuales que no les facilitan el acceso a medicamentos o tratamientos esenciales. La participación estatal no ha provocado mejoras.
"La falta de información sobre rutas de atención y procesos de transición en EPS intervenidas agrava incertidumbre, dificulta gestión de casos y vulnera continuidad del servicio", remarcó la Defensoría, que exigió "implementación inmediata de mecanismos efectivos".
El contrato entre Nueva EPS y Colsubsidio había terminado por retrasos en los pagos de la entidad. En noviembre de 2025, todavía con Gloria Polanía como interventora, el operador y la prestadora llegaron a un nuevo acuerdo, pero la pausa en el servicio se hizo inminente al iniciar el 2026.
