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Una grave crisis de derechos humanos se registra en la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Florida.
La Alcaldía de Bogotá, a través de las secretarías de Salud e Integración Social, denunció formalmente que un grupo de voceros de la comunidad embera ha impedido el ingreso de los equipos técnicos del Distrito, dejando a cientos de niños, niñas y adolescentes sin acceso a servicios vitales de cuidado y atención médica.
El bloqueo, que se consolidó en la mañana de este jueves, no responde a una falta de oferta institucional, sino a una exigencia económica y administrativa específica: la comunidad condicionó el ingreso de los funcionarios estatales a la firma de contratos directos con personas del asentamiento.
Para la administración distrital, esta medida representa una presión indebida que utiliza la integridad de los menores como moneda de cambio en una negociación laboral.
La niñez, el eslabón más vulnerable
La interrupción de servicios afecta principalmente a los programas de primera infancia.
Entre los servicios frenados se encuentran los jardines infantiles y la estrategia "Atrapasueños", un modelo de atención integral diseñado para proteger los derechos de la niñez indígena en contextos de vulnerabilidad urbana.
"La garantía de los derechos de la niñez no puede estar sujeta a ningún tipo de negociación", enfatizó el Distrito en un comunicado oficial.
La administración recordó que, bajo el Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, los derechos de los niños tienen un carácter prevalente, lo que obliga a la familia, la sociedad y el Estado a protegerlos por encima de cualquier interés particular o conflicto administrativo.
Crónica de un bloqueo anunciado
La situación no tomó por sorpresa a las autoridades. Según registros oficiales, el pasado 4 de febrero se llevó a cabo una mesa de socialización con la participación de órganos de control (Personería y Defensoría).
En dicho espacio, el Distrito presentó la oferta detallada para los menores de edad en La Florida. Sin embargo, en ese mismo escenario, los voceros indígenas advirtieron que, de no accederse a sus peticiones de contratación directa, se procedería al cierre del acceso a la UPI.
Pese a que el Distrito sostiene que su presencia en el lugar ha sido permanente y respetuosa de los usos y costumbres de la etnia embera, la ruptura del diálogo pone en riesgo la continuidad de tratamientos médicos y esquemas de nutrición fundamentales para una población que ya carga con las secuelas del desplazamiento.
Un llamado a la corresponsabilidad
La Alcaldía de Bogotá cerró su denuncia haciendo un llamado urgente a la corresponsabilidad. El mensaje es claro: mientras el Estado tiene el deber de ofrecer los servicios, las autoridades tradicionales y las familias tienen el deber ético y legal de permitir que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.
El rechazo enfático de la Administración Distrital marca una línea roja en la negociación con los asentamientos indígenas en la capital: los servicios sociales y de salud no son transables.
Al cierre de esta edición, se espera un pronunciamiento de los órganos de control para determinar las medidas legales o de mediación que permitan restablecer el ingreso de las misiones médicas y sociales a La Florida.
