Corrupción en salud: Fiscalía acusó a expresidente de la Nueva EPS y otros tres directivos por finanzas ficticias

Los implicados en este entrado de corrupción fueron llamados a juicio por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud y peculado.
Crisis de medicamentos; pacientes en la Nueva EPS, en Bogotá.
Crisis de medicamentos denuncian pacientes de la Nueva EPS, en Bogotá. Crédito: Colprensa | La FM

La Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal ante un juez de Bogotá al expresidente de la Nueva EPS José Fernando Cardona Uribe y a varios exdirectivos de esta entidad por presuntamente hacer parte de un entramado de corrupción que alteró los estados financieros de esa entidad.

De acuerdo con la Fiscalía las actuaciones irregulares que se les atribuyen garantizaron la renovación de la licencia de funcionamiento de la EPS y evitaron una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

El proceso penal está siendo coordinado por una fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que también acusó al exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza Correa; al exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y al exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez.

En este caso se determinó que estos funcionarios supuestamente hicieron parte de un entramado que alteró los estados financieros de la entidad, entre 2019 y 2022.

En desarrollo de las investigaciones fueron identificadas 3’419.015 facturas que relacionaban deudas a diferentes Institutos Prestadores de Salud (IPS), las cuales fueron ocultadas y dejaron de procesarse.

“De esta manera, los hoy procesados habrían presentado ante la junta directiva de la EPS una situación irreal en las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio, y reportaron utilidades por 70.563 millones de pesos para cubrir las obligaciones pendientes”, indicó la Fiscalía.

En el expediente de la Fiscalía se señala que “La información adulterada fue entregada a la Superintendencia Nacional de Salud con el objetivo de evitar una intervención y obtener la renovación de la licencia de funcionamiento, desconociendo que la entidad registraba millonarias pérdidas año tras año”.

En atención a las actuaciones irregulares detectadas los cuatro exdirectivos de la Nueva EPS fueron llamados a responder en juicio por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud.

Adicionalmente, a Cardona Uribe se le formularon cargos por el delito de peculado por apropiación.

Por disposición del juez de conocimiento la audiencia preparatoria de juicio iniciará el próximo 23 de febrero.

Pacientes de alto costo protestan por falta de medicamentos

Un numero grupo de pacientes de alto costo alzaron su voz y protestaron frente a la sede de la Nueva EPS en el sector de San Cayetano, en Bogotá, para denunciar la falta de medicamentos y la interrupción de tratamientos, una situación que, aseguran, ha empeorado de manera significativa su estado de salud y los ha llevado en repetidas ocasiones a las unidades de urgencias.

Personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, cáncer, asma y otras patologías crónicas manifestaron que se encuentran en crisis debido a los retrasos en la entrega de medicamentos, la cancelación de citas médicas y la falta de atención especializada.

Según los pacientes, la situación se ha vuelto insostenible y temen por su vida y la de sus familiares.

“Ya no sabemos qué más hacer para que el Gobierno y la Nueva EPS escuchen nuestro clamor. Estamos enfermos, sin tratamientos y sin respuestas”, expresaron algunos de los manifestantes.

Durante el plantón, Néstor Álvarez, vocero de los pacientes de alto costo, explicó que gran parte de la atención de estas patologías está cubierta por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), por lo que cuestionó el destino de estos recursos.

“No sabemos dónde está la plata de la UPC. No se les paga a los gestores, no hay entrega de medicamentos, no hay atención, hay cirugías represadas y programas completos cerrados, como el de VIH, donde se dejaron de atender más de 2.000 pacientes”, afirmó.


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