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El Centro de Recursos para Análisis de Conflictos reveló que en mayo de 2019 se presentó un aumento sustancial en el número de muertes asociadas a la violencia política. “La violencia letal fue dirigida principalmente contra dirigentes de Juntas de Acción Comunal y activistas políticos regionales”, indicó.
Así mismo, enfatizó que en cinco departamentos se concentra el 53% de las acciones de violencia política que se registraron en el último mes. Seis municipios concentran el 27% de estas acciones en el último mes (12).
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Según el Cerac, las zonas de disputa entre grupos armados organizados y con presencia del ELN son las que presentan niveles más altos de muertes por violencia política.
“Persiste el alto riesgo de seguridad para para las personas que ejercen actividades de poder, representación o ampliación y construcción de poder al interior de las comunidades”, recalca el informe.
Situación en Mayo
Durante mayo fueron registradas 45 acciones de violencia política en las que fueron asesinadas 13 personas, resultaron 17 heridas y fueron amenazadas 45.
“Estas acciones fueron dirigidas principalmente contra dirigentes de Juntas de Acción Comunal, activistas políticos regionales y en menor medida contra docentes, integrantes de gremios y periodistas”, dice el centro.
El reporte indica que si bien las acciones de violencia política fueron registradas en 18 de los 32 departamentos del país, el 53% de las acciones (24 de 45) se concentraron en Cauca (7), Tolima (6), Arauca (5), Antioquia (3) y Valle del Cauca (3).
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“Estas son zonas donde se presentan disputas entre los grupos armados organizados por el control de la explotación de rentas ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, con excepción del departamento del Tolima”.
Sin embargo, el promedio mensual de muertes en hechos de violencia política, registrados en los cinco primeros meses de 2019 (11), representa una reducción del 15% cuando se compara con el promedio mensual durante los mismos cinco meses de 2018 (13).
Sin embargo, el promedio mensual de muertes de 2019 aumenta en 58% cuando se compara con el promedio mensual de muertes de violencia política de los cinco primeros meses de 2017 (7 muertes).
“El aumento en el número de muertes en eventos de violencia política evidencia un altísimo riesgo de seguridad para las personas que ejercen actividades de poder, representación o ampliación y construcción de poder al interior de las comunidades, principalmente para las personas que habitan en las zonas rurales de municipios en los que existe algún tipo de disputa entre los grupos armados”.
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Las muertes de violencia política registradas en mayo
Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca son los departamentos donde se han registrado este tipo de muertes. En estas acciones fueron asesinados seis dirigentes de Juntas de Acción Comunal y tres activistas políticos regionales.
Estos eran los líderes que fueron asesinados:
Paula Rosero Ordóñez, personera de Samaniego, Nariño. En el hecho murieron dos personas más que se encontraban en el lugar.
Daniel Rojas, en zona rural de Caloto, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal del resguardo López Adentro de ese municipio.
Guillermo León Rengifo, en Balboa, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Capitanes de ese municipio.
Benedicto Valencia, en Puerto Rico, Caquetá. La víctima presidía la Junta de Acción Comunal de la vereda Miraflores de ese municipio.
Marco Antonio Adrada, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Sauce en Leiva, Nariño.
Concepción Corredor, en zona rural de Nunchía, Casanare. Según los familiares de la víctima, Corredor fue asesinada por dos personas que se identificaron como integrantes del ELN. La víctima era integrante de la Comisión de Mujeres del municipio y del partido Alianza Verde. Fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pradera de ese municipio.
Joaquín Trujillo, en zona rural de Santa Marta, Magdalena. La víctima era defensor de derechos humanos de las comunidades indígenas de la comunidad Kogui y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Linderos de esa ciudad.
María del Carmen Flores, en zona rural de Ocaña, Norte de Santander. La víctima era integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio Colinas de ese municipio.
Belisario Arciniegas García, candidato al concejo de Morales, Bolívar por el Partido de la U.
Jorge Enrique Corredor, conocido como ‘Wilson Saavedra’, excombatiente en proceso de reincorporación y militante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Corredor fue el comandante del frente 21 y de la columna Saavedra Ramos de esa exguerrilla. El hecho ocurrió en Tuluá, Valle del Cauca.
Wilmar José Carvajalino, dirigente de la Cooperativa de Transportadores del corregimiento Micoahumado de Morales, Bolívar.
Carlos Enrique Serrano, docente de la Universidad del Cauca, en Popayán.
Además, fue activado un artefacto explosivo al paso de una caravana del Juzgado Municipal de Tibú, Norte de Santander, en zona rural de ese municipio. En el hecho murió el secretario general del Juzgado y un civil no identificado. Cinco civiles resultaron heridos, entre ellos el juez municipal, además de tres integrantes del Ejército. No se conocen los responsables del ataque. Este es el tercer ataque contra una comisión judicial que Cerac registra en los últimos dos años.
