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Cerca de 50 madres comunitarias se tomaron la Catedral Primada en el centro de Bogotá y se declararon en huelga de hambre con el fin de exigirle a la Corte Constitucional que falle a favor de sus derechos y garantice sus derechos en términos de salud y pensión.
Según Ana Ruth Sánchez, presidenta del sindicato Sintracihobi sede Cali, la protesta busca la intervención de la iglesia en el conflicto jurídico que hoy en día las tiene sin sustento financiero para poder jubilarse.
La Sala Plena de la Corte Constitucional a través de la sentencia SU-079 de 2018, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, concluyó que por el carácter solidario de su labor, las madres comunitarias no tienen derecho a pensión.
Sánchez explicó que muchas madres comunitarias son de la tercera edad y sin estos aportes a seguridad social quedan desprotegidas “nos están condenando a una vejez sin dignidad y prácticamente a la indigencia”.
Según Juan Pablo Mantilla, coordinador de abogados del Sintracihobi, la decisión que tomó la Corte obedece a que, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Gobierno nacional alegó que la carga pensional de estas mujeres amenaza la sostenibilidad fiscal del país.
El abogado explicó que “a pesar de que desde el año 2014 las madres comunitarias reciben un salario y aportes a seguridad social, las mujeres más ancianas no gozaron de protección en el tema pensional durante más de treinta años y por lo tanto no pueden cumplir con el mínimo de semanas cotizadas para acceder a la pensión”.
Mantilla también explicó que, durante los últimos dos años, la Corte profirió la sentencia T-480 de 2016, que protege los derechos de estas mujeres, pero posteriormente declaró la nulidad de la misma por cuestiones de procedimiento.
En el Auto 186 de 2017, la Corte mantuvo en firme el derecho a la pensión de las madres comunitarias, sin embargo, nuevamente declaró la nulidad de dicho Auto debido a las implicaciones en materia presupuestal, se espera que mañana el tribunal estudie la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, y se pronuncie de fondo sobre este tema.
Las mujeres también hicieron un llamado al Defensor del Pueblo para que actúe como mediador en este conflicto, y garantice el reconocimiento de sus derechos.
