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La familia de Kevin Acosta, el niño de siete años que murió sin recibir tratamiento oportuno para su hemofilia, presentó una demanda contra el Estado colombiano en busca de una millonaria indemnización, tras confirmarse fallas en la atención médica por parte de la Nueva EPS, según la Procuraduría.
El caso, que ha generado indignación, avanza en paralelo en escenarios administrativos y penales. Mientras las autoridades investigan posibles responsabilidades individuales, los familiares del menor buscan que se reconozcan los daños causados por las fallas en la prestación del servicio de salud.
¿De cuánto es la demanda de la familia de Kevin contra el Estado?
El monto total que reclama la familia supera los 1.816 millones de pesos, una cifra que incluye tanto perjuicios materiales como daños morales derivados de la muerte del menor.
Dentro de ese total, aproximadamente 923 millones de pesos corresponden a perjuicios materiales, relacionados con la pérdida de la vida productiva del niño y la ayuda económica futura que habría podido brindar a su familia.
A esto se suman cerca de 892 millones de pesos por perjuicios morales, que buscan compensar el impacto emocional sufrido por sus allegados tras el fallecimiento.
Sin embargo, en esta etapa inicial del proceso, se estableció una base conciliatoria de 923,26 millones de pesos. Este valor representa la propuesta de la familia para intentar llegar a un acuerdo con el Estado sin necesidad de acudir a un proceso judicial más largo.
Si no se logra una conciliación, será la justicia la encargada de definir si el monto solicitado es procedente y qué entidades deben responder por lo ocurrido.
¿Cómo se repartiría la indemnización por el caso Kevin Acosta?
La propuesta de conciliación plantea distribuir los 923,26 millones de pesos entre varios integrantes de la familia del menor, quienes resultaron afectados por su fallecimiento.
La madre del niño figura entre las principales reclamantes, junto con sus hermanos y otros familiares cercanos. En total, son once personas las que buscan que el Estado reconozca los daños causados.
El objetivo de esta etapa es lograr un acuerdo que evite un proceso judicial más complejo. Sin embargo, si no se alcanza una conciliación, será la justicia la que determine si la cifra reclamada es procedente.
¿Por qué la familia demanda al Estado por Kevin Acosta?
La acción legal se sustenta en las fallas en la prestación del servicio de salud. La Procuraduría concluyó que la muerte del menor estuvo vinculada a deficiencias en la atención de la Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra intervenida.
Durante semanas, la madre del niño denunció públicamente que su hijo no recibía los medicamentos necesarios para tratar su hemofilia. Según relató, las respuestas que obtenía estaban condicionadas a trámites administrativos, autorizaciones pendientes y la falta de disponibilidad de una unidad de cuidados intensivos.
El abogado de la familia ha señalado que la demanda busca reparar no solo las pérdidas económicas, sino también el impacto psicológico y emocional generado por la muerte del menor.
Entidades que deben responder por el proceso
La Procuraduría convocó a una audiencia de conciliación extrajudicial en la que deberán participar varias entidades del Estado, señaladas por posibles responsabilidades en el caso.
Entre ellas se encuentran la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, la Nueva EPS y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Este procedimiento es un paso obligatorio antes de presentar una acción de reparación directa, mecanismo mediante el cual se reclama una indemnización económica por fallas en la prestación de servicios públicos.
Además del proceso administrativo, la Fiscalía adelanta una investigación penal para establecer responsabilidades individuales en la muerte del menor.
De forma paralela, la familia continúa impulsando las acciones legales con el objetivo de que se impongan sanciones a los responsables y se reconozca el daño causado.
Aún no se ha definido la fecha de la audiencia de conciliación, pero este paso será clave para determinar si el caso se resuelve mediante un acuerdo o si avanza a los tribunales
