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Cuando Kevin Arley Acosta Pico murió a los siete años y con hemofilia A Severa, no tenía una IPS asignada. Pero había pasado por dos, Medicarte e Integral Solutions, en Huila, antes de su traslado a Bogotá para permanecer en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia.
Ni Medicarte ni Integral le garantizaron su medicamento, emicizumab, indispensable para controlar su trastorno de coagulación. El motivo es contundente: cuentas por pagar que superan los 61 mil millones de pesos. Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país, incumplió sus contratos con ambas IPS.
Kevin Acosta murió el 13 de febrero. Su tratamiento médico había sido interrumpido, y solo las súplicas y publicaciones en redes sociales sirvieron para su traslado desde Huila a la capital. El movimiento Pacientes Colombia, que reúne a unas doscientas organizaciones, aseguró que la muerte de Kevin se debe al “abandono” de Nueva EPS.
La oenegé calificó su fallecimiento como “evitable”. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, responsabilizó a Nueva EPS por su “omisión” y “negligencia”, y elaboró un informe detallando las circunstancias alrededor del deceso. El 8 de febrero Kevin ingresó al hospital San Antonio de Pitalito tras caer cuando montaba bicicleta.
No recibía su medicamento desde el 12 de diciembre de 2025. Tampoco tenía una IPS asignada. “Esta es una grave vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida de un menor de edad”, denunció la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, que siguió el caso y le exigió a Nueva EPS “una respuesta inmediata”.
El niño golpeó su cabeza desde una altura de un metro y medio, aproximadamente. Su madre lo llevó a urgencias en Palestina, un municipio huilense fundamentalmente agricultor de doce mil habitantes. Debía aplicarse emicizumab cada veintiocho días, mas completaba dos meses sin recibir ninguna dosis.
Desde Palestina, los médicos lo remitieron a Pitalito. La IPS Medicarte terminó su convenio con Nueva EPS el primero de enero de 2026. Desde entonces, Kevin no tenía IPS asignada. La EPS le informó a la madre del menor del traslado a otra IPS, Integral Solutions, donde solo tuvo una consulta por teléfono.
Al día siguiente de la consulta de hematología, “me notificaron que esta IPS tampoco tenía contrato vigente con la EPS”, contó Yudy Katherine Pico, madre de Kevin. La llamada derivó en la orden de unos exámenes que no fueron posibles. “Nueva EPS no se ha hecho responsable, ni de la IPS del niño ni del medicamento”, relató.
Los pacientes con hemofilia, un trastorno hereditario que afecta a la sangre, son especialmente delicados. Por ley, las EPS deben garantizar una IPS que brinde atención cabal, incluso en términos psicológicos, y que certifique la dispensación de medicamentos. El golpe en la cabeza de Kevin provocó un sangrado cerebral.
Las deudas millonarias impiden los tratamientos
El Ministerio Público elaboró un informe sobre los pormenores de la muerte del menor, y determinó que la falta de entrega de emicizumab por cerca de dos meses puso a Kevin “en una situación clínica crítica”. Medicarte, la IPS que atendía al niño, suspendió la entrega de medicinas por falta de pago de Nueva EPS.
La IPS Integral, que debía recibir a los pacientes de Medicarte, no asumió el compromiso, por el mismo motivo: Nueva EPS tampoco le giró recursos. La Procuraduría indicó que otros dos mil pacientes “podrían estar en alto riesgo” por las mismas condiciones, pues no tienen atención médica asegurada.
El documento de la Procuraduría constata una cartera de 53,18 mil millones de pesos que Nueva EPS no le había transferido a Medicarte con corte al 31 de diciembre de 2025, cuando terminó la relación contractual. Nueva EPS inició gestiones el 16 de enero de 2026 para trasladar la atención de la población a Integral Solutions.
La consulta por telemedicina de Kevin ocurrió el 27 de enero. Integral indicó que la EPS “solamente refirió el paciente, pero no corrió traslado de documentación de atención, formulación” o historia clínica para “confirmar el estado actual del usuario”, narra la Procuraduría. No puede descartarse que haya ocurrido lo mismo en otros casos.
Por si fuese poco, la deuda con Integral también es vasta: 8,38 mil millones de pesos que superan los ciento cincuenta días de mora, “sin que al día de hoy se haya dado trámite alguno a la depuración, abono o pago parcial ni total”. La segunda IPS de Kevin señaló su “imposibilidad absoluta” de atender a la población de la primera IPS.
Mónica Andrea Ulloa Ruiz, procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, firmó el documento que resalta “las fallas en la garantía de los derechos fundamentales a la salud y a la vida” de Kevin. Toda la investigación fue trasladada al área responsable de los procesos disciplinarios.
Un mes y cuatro días después de la muerte de Kevin, la Procuraduría decidió, además, abrir una investigación disciplinaria contra Luis Óscar Galves Mateus, interventor de Nueva EPS a partir de noviembre de 2025 en medio de la toma forzosa que la Superintendencia de Salud adelanta desde abril de 2024.
Galves tiene otro caso a cuestas por su labor en Savia Salud, la EPS más grande de Antioquia —con más de 1,6 millones de afiliados— y que el gobierno de Gustavo Petro empezó a intervenir en junio de 2023. La Superintendencia de Salud mantuvo una vigilancia especial por seis años, pero, aun así, la entidad recaía en varias fallas.
Quejas en aumento, alertas y procesos pendientes
Ha tenido cuatro interventores: Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Galves Mateus y William Humberto Salgado Gamboa, quien la administra desde noviembre de 2025 y a quien la Procuraduría suspendió. Todos están procesados por la Procuraduría Cuarta para la Vigilancia Administrativa.
Rodríguez Villamizar, Rodríguez Posso, Gáalves y Salgado habrían incumplido “las funciones y obligaciones impuestas como agentes especiales”, sostuvo el Ministerio Público. Sus negligencias “han ocasionado el deterioro de la prestación del servicio de salud a los afiliados”, además del aumento de PQRS, tutelas y desacatos.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud y Bernardo Camacho como superintendente— administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS es la que conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS y casi el total de los 3,35 millones de Coosalud.
En el informe sobre Kevin, la Procuraduría resalta que el balance posterior a la intervención de Nueva EPS expone “un riesgo incalculable respecto de la garantía del derecho fundamental a la salud”. La entidad ha incumplido “sus obligaciones de garantizar la atención médica”, especialmente a la población de especial protección.
Nueva EPS generó “un riesgo vital” que se materializó con la muerte de Kevin. Además, cayó “en deficiencias en la gestión administrativa, al no remitir oportunamente las historias clínicas, no garantizar la articulación efectiva con prestadores de salud ni asegurar la continuidad del tratamiento”.
La familia de Kevin Acosta denunció al presidente Petro y al ministro Jaramillo por revelar parte de la historia clínica del menor. La Procuraduría compulsó copias para que la Fiscalía investigue a “las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el lamentable fallecimiento”.
Un laberinto judicial que no descarta las responsabilidades por la muerte de Kevin
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inspeccionó la última semana de febrero unas ocho IPS en Huila, Antioquia, Santander, Cauca y Bogotá para conocer qué servicios y medicamentos se le suministraron, o no, a Kevin. También analizó la necropsia que el Instituto de Medicina Legal practicó.
Manuel Villanueva, abogado de la familia, radicó el 2 de marzo una denuncia contra el jefe de cartera en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la encargada de investigar al ministro por cuenta de su fuero. Es la misma área que indaga a Jaramillo por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022.
Ambas denuncias —contra Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y contra Jaramillo en la Fiscalía— tienen nueve páginas y señalan a los miembros del Ejecutivo de infringir el artículo 194 del Código Penal: divulgación y empleo de documentos reservados. No es un delito de cárcel, sino de multa, siempre que no sea un punible más grave.
O sea, si los procesos avanzan y notan que Petro y Jaramillo cayeron en, por ejemplo, prevaricato, las autoridades podrían tipificar de manera distinta y elevar el alcance de las sanciones. En todo caso, el optimismo de cara a la Comisión de Acusación no está tan presente, por el triunvirato investigador.
Alirio Uribe, del Pacto Histórico; Juan Carlos Wills, del Partido Conservador —a quien un juzgado le ordenó en noviembre recolectar pruebas contra la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema, tras una queja del ministro Armando Benedetti—, y William Aljure, de las Circunscripciones de Paz, investigarán al jefe de Estado.
La presidencia de la Comisión, al mando de la representante Gloria Arizabaleta —quien pidió la escisión de la Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras adscrito al Pacto Histórico—, les envió el expediente porque antes recibieron una denuncia similar que la familia de Kevin desconoce.
Villanueva trabaja en una recusación contra el triunvirato, le confirmó a La FM. Si el recurso no prospera, interpondrá una tutela. Y si el Legislativo, en suma, no echa a andar la denuncia, los Acosta Pico acudirán a la justicia internacional. El abogado lamenta que “no va a pasar absolutamente nada”.
Durante un discurso en La Guajira el 17 de febrero, el presidente Petro leyó sin consentimiento la historia clínica de Kevin, que incluía un “documento de aceptación de la mamá” de no intervenir quirúrgicamente al menor luego de su caída jugando en bicicleta. Katherine Pico tuvo que explicar su decisión públicamente.
La madre de Kevin precisó que su postura se basó en el riesgo de una hemorragia severa por el tiempo que llevaba el niño sin tomar emicizumab. “Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no”, dijo el mandatario. Develar la historia clínica es una vulneración grave a documentos con reserva legal.
