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Un delicado caso de presunto abuso sexual en entornos escolares se presentó en el Instituto Universitario de Caldas, un reconocido colegio de Manizales, donde al parecer un joven de 13 años de edad sostuvo prácticas sexuales en con una de sus compañeras.
RCN Mundo contrastó la información con el rector de la Institución Educativa en cuestión, Cristóbal Trujillo, quien informó que el coordinador encontró a los dos niños, ambos de 13 años de edad, en las unidades sanitarias del colegio sosteniendo relaciones sexuales.
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El rector informó a este medio de comunicación que, de inmediato fueron citados los acudientes, y que el manejo de la situación fue delegado a las autoridades de infancia y adolescencia, a donde los menores y sus padres fueron remitidos para que sean los jueces de familia quienes indaguen los detalles del caso en particular.
Primeras informaciones señalan que la menor, víctima del presunto acoso y abuso sexual, recibe asistencia médica y psicológica en un centro asistencial de la capital caldense y también está bajo un riguroso proceso de acompañamiento y seguimiento psicosocial.
“Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desplegamos un acompañamiento a la institución educativa para que active las rutas y maneje las acciones correspondientes para atender el caso de violencia escolar pero, al mismo tiempo, estaremos acompañando a las familias y a los niños porque es evidente que se necesita una atención de orientación más que una sanción penal porque como lo planteamos para los menores de 14 años, la ley penal no es predicable”, explicó el director del ICBF en Caldas, Luis Eduardo Céspedes, quien se puso al frente de la situación.
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La Policía en Manizales y La Fiscalía en Caldas no se han pronunciado respecto a este caso, ya que, al ser el presunto agresor, un menor de 14 años de edad es sujeto inimputable y no puede ser judicializado por lo que debe ser sometido a un proceso de restablecimiento de derechos.
“Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es evidente que existe una falla en el proceso de formación de los niños, que existen debilidades igualmente en la sociedad dentro del proceso mismo de manejo de las relaciones, y en ese entendido adelantamos entonces una verificación de derechos, para poder constatar si efectivamente tanto la víctima como el infractor tienen plenamente garantizados sus derechos en el seno de su hogar”, puntualizó Céspedes.
Las autoridades en infancia y adolescencia serán las encargadas de determinar si existió o no consentimiento entre las partes involucradas, lo que determinaría el camino a seguir con los menores involucrados en cuanto al acompañamiento médico y psicosocial que deben seguir.
