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Un nuevo informe reveló que a pesar de los esfuerzos en materia de derechos humanos durante los dos años que lleva en el poder el actual Gobierno, los resultados son insatisfactorios. El documento titulado “El camino del cambio: avances y tropiezos de la paz, los Derechos Humanos y la Democracia”, elaborado por más de 500 organizaciones sociales, destaca la centralidad de los derechos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), aunque su implementación sigue siendo deficiente.
A pesar de una reducción en la tasa de pobreza monetaria de 6.7 puntos porcentuales entre 2021 y 2023, las organizaciones afirman que “los niveles de pobreza y desigualdad en Colombia siguen siendo altos”. Un dato destacado es que, sin las transferencias monetarias del gobierno, la pobreza hubiera sido aún más pronunciada.
En el ámbito de la salud, se intentó una reforma al Sistema de Seguridad Social, pero fue archivada en el Congreso. Aún así, las acciones del Gobierno han contribuido a una disminución en la mortalidad materna. Sin embargo, el informe subraya que la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ persiste, con un aumento en homicidios y feminicidios.
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Por otra parte, el estancamiento en los diálogos de paz también se menciona como un punto crítico, a pesar de la intención del Gobierno de mantener activos espacios de negociación con grupos armados, la falta de un marco jurídico claro y la resistencia política han obstaculizado avances en la política de paz total.
En el ámbito legislativo, aunque se tramitaron 747 proyectos, solo el 7,36% fueron aprobados, evidenciando la dificultad del Congreso para avanzar en derechos fundamentales. La politización del poder judicial ha generado preocupaciones sobre la efectividad de las decisiones en favor de los sectores más vulnerables.
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Ante este panorama, las organizaciones solicitaron al Gobierno a reestructurar la política de paz, mejorar la implementación del PND y garantizar los derechos humanos a través de acciones concretas.
La recomendación central es que la paz se convierta en una política de Estado, esencial para el futuro del país. El informe concluye con un llamado a la acción, enfatizando que, aunque ha habido un cambio en la narrativa gubernamental, la situación de los derechos humanos sigue siendo crítica en Colombia.
