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Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron una posición común frente a los hechos recientes ocurridos en Venezuela, en un contexto marcado por acciones militares desarrolladas de manera unilateral por parte de Estados Unidos dentro de su territorio.
La postura conjunta se centra en las implicaciones de estos hechos para el derecho internacional, la seguridad regional y la población civil, y expone una serie de planteamientos sobre las vías que, según estos países, deben prevalecer para abordar la situación.
El pronunciamiento parte de la gravedad que atribuyen a las operaciones militares registradas en Venezuela, al considerar que este tipo de actuaciones contravienen principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados.Entre ellos, se menciona la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, normas recogidas en la Carta de las Naciones Unidas.
Según los gobiernos firmantes, la ejecución de acciones armadas sin un marco multilateral consensuado representa un precedente que puede afectar la estabilidad y la seguridad no solo de Venezuela, sino de toda la región, además de incrementar los riesgos para la población civil que habita en las zonas impactadas.
Llamado al respeto del derecho internacional y a soluciones pacíficas
Uno de los ejes centrales de la posición conjunta es la insistencia en que la situación venezolana debe resolverse exclusivamente por medios pacíficos, descartando el uso de la fuerza como mecanismo para dirimir las tensiones existentes. Los seis países subrayan la importancia del diálogo y la negociación como herramientas fundamentales, así como el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus manifestaciones. En ese sentido, plantean que cualquier proceso orientado a una salida a la crisis debe desarrollarse sin injerencias externas y dentro del marco del derecho internacional.
La declaración también resalta que una solución sostenible requiere un proceso político inclusivo, conducido por las propias venezolanas y venezolanos. De acuerdo con esta visión, solo un camino de estas características podría derivar en un resultado democrático, duradero y respetuoso de la dignidad humana. La referencia a la inclusión apunta a la necesidad de que las distintas expresiones políticas y sociales del país participen en la búsqueda de acuerdos, como base para reducir las tensiones internas y externas que rodean la situación.
Riesgos regionales, recursos estratégicos y rol multilateral
En el plano regional, los gobiernos reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz, construida históricamente sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y el principio de no intervención. Desde esta perspectiva, hicieron un llamado a la unidad regional frente a cualquier acción que pueda poner en riesgo la estabilidad, independientemente de las diferencias políticas entre los países. Además, exhortaron al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a emplear sus funciones para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz en la región.
La posición conjunta incluye una advertencia sobre eventuales intentos de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, señalando que estas acciones serían incompatibles con el derecho internacional. Según los países firmantes, escenarios de este tipo podrían afectar la estabilidad política, económica y social regional, ampliando los efectos del conflicto más allá de las fronteras venezolanas.
El pronunciamiento fue emitido por los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, que coincidieron en subrayar la necesidad de preservar la paz, el respeto a la soberanía y el cumplimiento de las normas internacionales como elementos centrales frente a los hechos ocurridos en Venezuela.
