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La organización Dejusticia y una veeduría ciudadanía solicitaron a la Corte Constitucional, una audiencia pública para hacer rendir cuentas al Gobierno sobre las medidas adoptadas para superar la crisis de hambre y desnutrición en el departamento de La Guajira.
La petición se elevó en el marco del seguimiento al cumplimiento de la sentencia de tutela del 2017, en la que la Corte declaró el estado de cosas inconstitucionales en el departamento por la falta de agua potable, salud, alimentación y participación de las comunidades Wayúu.
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En esa sentencia, ese tribunal encontró una vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Wayúu de La Guajira, “causada por las fallas estructurales de las entidades nacionales y territoriales”
En ese sentido la Corte ordenó la creación de un plan de acción por parte la Presidencia de la República con participación de las comunidades, con el fin de garantizar los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
De acuerdo con la organización Dejusticia y la veeduría ciudadana, la creación de ese plan se ha postergado en el tiempo porque “el Tribunal Superior de Riohacha ha decidido ampliar dos veces los plazos fijados inicialmente para la presentación del Plan de Acción (…) una en marzo de 2019 y otra en marzo de 2020 (…) y en la actualidad no se ha construido dicho Plan”, destaca uno de los apartes de la petición elevada a la Corte Constitucional.
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Esas entidades alertaron por un subregistro en materia de desnutrición, acceso a salud y agua potable por parte de las comunidades indígenas, que se ha acrecentado por causa de las dificultades a raíz de la pandemia por el coronavirus.
Entre tanto, el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins, ha informado que “en 2019 la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años” en La Guajira “fue casi seis veces la tasa nacional, debido a “la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud”.
Ese informe entregado a la Corte Constitucional advierte que “solo el 4% de los Wayúu que viven en zonas rurales de La Guajira tienen acceso a agua limpia y los que residen en zonas urbanas reciben un servicio irregular”.
