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Tras siete días de intensas protestas y una jornada caótica este viernes en Bogotá, el Gobierno y el Congreso de los Pueblos llegaron a un acuerdo para levantar las manifestaciones que en las últimas horas dejan cuatro policías heridos cerca a la Embajada de Estados Unidos en la capital.
“Acabamos de cerrar el acuerdo con los compañeros y compañeras movilizados de “Aquí en la Lucha” que han venido haciendo acciones de movilización social desde el domingo en diferentes partes del país y en Bogotá. Esta es una demostración que el diálogo y la concertación son la ruta para llegar a acuerdos, el gobierno respeta la democracia, respeta la Constitución, respeta la palabra y llega a acuerdos”, dijo el viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rendón.
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Los puntos pactados de esta agenda nacional que arrancará desde el lunes 20 de octubre son cinco: reforma urbana, vivienda, derechos étnicos, educación y política minero-energética, informó el Gobierno.
“Con la firma del acta, las organizaciones sociales se comprometieron al retiro progresivo de los puntos de concentración y a la devolución de sedes públicas en Bogotá”, reseñó el Ministerio del Interior.
Por su parte la Defensoría del Pueblo se encargará de hacer acompañamiento al cumplimiento de los puntos, además de otros organismos internacionales que serán garantes.
“Celebramos la firma del acuerdo entre el Gobierno Nacional y los voceros del Congreso de los Pueblos y de la jornada "Aquí en la Lucha Transformamos", como una muestra del valor del diálogo social y de la concertación como camino para superar los conflictos y avanzar en la garantía de los derechos”, manifestó la entidad.
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Igualmente, la Defensoría recordó que los compromisos de las partes incluyen la instalación de mesas de trabajo, la creación de una comisión interinstitucional de seguimiento y la garantía del derecho a la protesta y a la participación.
“Acompañamos este proceso y reiteramos nuestra disposición permanente para facilitar espacios de diálogo que permitan canalizar las demandas sociales de manera pacífica. Este acuerdo es una oportunidad para reafirmar el compromiso de todos los sectores con la construcción de justicia social y el buen futuro que merecen las comunidades en Colombia", puntualizó la entidad.
