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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló una transferencia de más de $7.100 millones destinada al municipio de Uribia (La Guajira), tras concluir que el acto administrativo que la ordenaba fue expedido de manera irregular.
La decisión judicial determinó que la medida carecía de justificación técnica, financiera y operativa suficiente, lo que puso en duda la legalidad del uso de estos recursos públicos.
El fallo se produjo luego de una demanda interpuesta por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en cabeza de Carlos Carrillo, que buscaba evitar el desembolso.
Falta de motivación en el acto administrativo
La entidad acudió a la justicia al considerar que la transferencia, tramitada a través de un Fondo de Inversión Colectiva, no cumplía con los requisitos exigidos.
Aunque el caso estaba relacionado con una situación de emergencia, el tribunal concluyó que esto no reemplaza la obligación de sustentar adecuadamente las decisiones.
En su análisis, el alto tribunal señaló que la Resolución 117 de 2024 presentaba fallas en su motivación.
El documento no explicaba de forma clara ni suficiente las razones que justificaban una transferencia de esa magnitud, especialmente para la operación de carrotanques, lo que incidió en la evaluación de su legalidad.
Además, la decisión judicial precisó que, si bien la normativa vigente permite la asignación de recursos en contextos de emergencia, estas transferencias deben estar plenamente justificadas.
El tribunal enfatizó que la legalidad de este tipo de medidas depende de la existencia de soportes que respalden tanto la cuantía como la destinación específica de los fondos, condición que no se cumplió en este caso.
Medidas para evitar el desembolso
Antes del fallo definitivo, el tribunal había decretado una medida cautelar que suspendió los efectos del acto administrativo, lo que impidió de manera provisional que se realizara el giro de los recursos mientras se resolvía el proceso de fondo. Posteriormente, la sentencia confirmó la anulación definitiva de la transferencia.
Según la UNGRD, los recursos no llegaron a ejecutarse debido a una instrucción adoptada por la actual dirección de la entidad, que ordenó frenar el desembolso.
Sin embargo, como los actos administrativos seguían vigentes, fue necesario acudir a la vía judicial para impedir su ejecución definitiva, lo que permitió bloquear el giro antes de que se concretara.
¿Qué otros giros están en revisión?
El caso de Uribia hace parte de un conjunto de siete operaciones similares ordenadas en 2024 durante los últimos días de la administración anterior de la entidad.
Estas operaciones suman cerca de $600.000 millones y han sido objeto de revisión por posibles irregularidades, en un proceso que ha requerido tanto decisiones administrativas como judiciales.
De acuerdo con la información entregada por la UNGRD, tres de estos casos fueron revertidos mediante revocatoria directa, mientras que en otros fue necesario acudir a instancias judiciales.
El proceso también se da en un contexto en el que el exdirector de la entidad enfrenta un proceso judicial tras reconocer su participación en un esquema de corrupción, lo que ha llevado a revisar la legalidad de varias decisiones adoptadas en ese periodo.
