El Tribunal Superior de Bogotá negó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el exdirector de la Unidad Nacional de gestión del Riesgo (UNGRD), Olmedo López, considerado uno de los principales implicados en el entramado de corrupción que se originó en la entidad a su cargo.
La magistrada de la Sala Penal del Tribunal, Alma Gertrudis Chamat Lozano, dejó en firme la decisión de primera instancia del juez quinto penal especializado de Bogotá que no avaló dicho preacuerdo al considerar insuficiente la multa establecida en la negociación toda vez que López es considerado uno de los protagonistas del entramado de corrupción que se originó en la entidad.
En la decisión del Tribunal se concluye que la Fiscalía en este caso ha sido imprecisa e incongruente en relación con los dineros que se apropió Olmedo López en favor de terceros, porque a lo largo de este proceso se han mencionado cifras distintas.
La magistrada indicó que la Fiscalía sólo ha sido clara en torno al monto apropiado de manera directa que ascendió a los 724 millones de pesos, pero no frente a los recursos que se desviaron en favor de terceros.
“Resuelta dispensable conocer la cuantía del dinero apropiado en favor de terceros y los recursos reintegrados por Olmedo López”, indicó la magistrada Chamat Lozano.
Cabe señalar que en el preacuerdo de 27 páginas el exdirector de la UNGRD reconocía su responsabilidad en los delitos deconcierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravadoen concurso homogéneo.
El fiscal 11 delegado ante la corte Suprema Gabriel Fernando Sandoval Vargas, sustentó que con base en este preacuerdo se contemplaba una condena de 6 años, 2 meses y 7 días de prisión,correspondiente a una rebaja del 40 % tras declararse culpable de estos graves hechos.
“Esta empresa criminal fue creada con vocación de permanencia e influencia en la contratación de la Unidad, pues durante el tiempo en que los imputados Olmedo López Martínez, Sneyder Pinilla, Pedro Andrés Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto Gantiva permanecieron en los cargos en la entidad, así como César Augusto Manrique Soacha, entonces Director del Departamento Administrativo de la Función Pública y, el particular Luis Eduardo López Rosero”, indicó el fiscal delegado.
Así mismo, señaló que “se interesaron ilícitamente en múltiples órdenes de proveeduría y contratos, direccionando los empresarios a quienes se les adjudicaría a cambio del pago de coimas para sí o para terceros, e incurrieron en diversas falsedades a fin de viabilizar el pago de la contratación”, indicó el fiscal Sandoval.