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Este martes 27 de junio se llevó a cabo en Dabeiba, occidente de Antioquia, la audiencia pública de Reconocimiento de la Verdad donde se revelaron detalles de los asesinatos y desapariciones forzadas de personas que fueron presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
La audiencia pública contó con la presencia de organizaciones como la ONU, representantes del Gobierno Nacional, entre otros más, además de ser citados ocho exmilitares que fueron imputados en julio de 2022 como máximos responsables de estos homicidios.
El sargento Fidel Iván Ochoa Blanco, exintegrante del Batallón contra Guerrilla, manifestó que los comandantes en ese entonces les pedían aumentar el número de muertos para presentarlos como integrantes de grupos criminales dados de baja en combate.
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"Efectuamos y creamos un libreto casi perfecto donde se nos facilitó porque estas personas presuntamente tenían un vínculo con la guerrilla. Desde ese primer momento, nuestros comandantes nos inculcaron que necesitaban altos números de muertos".
De igual manera, el sargento William Andrés Capera, ex integrante del Batallón contra Guerrillas, expresó ante los familiares de víctimas y la JEP que fue preparado como médico forense, y dentro de sus funciones debía maquillar las escenas de los crímenes y garantizar que, en el momento de investigaciones, no se vieran involucrados las unidades militares o el batallón.
"Fui preparado como médico forense. Mi trabajo desde un principio era maquillar la escena del crimen, hacer parecer que era todo un combate real y lograr que en el momento, si se llegaba a presentar una investigación, no hubiera indicios contra la unidad o el batallón".
Por su parte, en representación de una de las víctimas, se pronunció Esneda Altamirán, tía de la víctima Jhon Harvy Cañas, quien manifestó que mientras los ex militares continuaban con sus vidas, ellos sufrían con la esperanza de encontrar a sus familiares.
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"Mientras ustedes continúan con sus vidas, nosotros tuvimos que hacer un alto. Mientras ustedes olvidaron, nosotros nos aferrábamos a la esperanza de encontrarlos con vida. Ustedes están aquí ahora, pero ellos siguen bajo tierra, en un lugar incierto, esperando que nosotros, sus familiares, algún día los podamos encontrar y les demos cristiana sepultura".
Finalmente, de los militares que ya reconocieron su responsabilidad en los crímenes, hay dos uniformados más que fueron imputados, pero no aceptaron sus crímenes, por lo que sus procesos en la JEP seguirán por la vía de un juicio de adversión. Se trata de los coroneles Jorge Alberto Amor Páez y David Herley Guzmán Ramírez.
