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La planta desalinizadora proyectada para Santa Marta volvió a quedar en el centro de la discusión nacional en las últimas horas. El proyecto, que contempla una inversión cercana a los $786.000 millones provenientes del Ministerio de Vivienda, fue incluido por el Gobierno Nacional entre los más de 80 casos que aparecen en el denominado ‘Libro de la Verdad’.
El documento fue presentado por el Ejecutivo y recopila diferentes actuaciones de la anterior administración que, de acuerdo con el Gobierno, ameritan ser revisadas por las autoridades competentes. Entre esos casos aparece la contratación relacionada con el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de la planta desalinizadora para Santa Marta, una obra que recordemos ha sido planteada como una de las alternativas para enfrentar el histórico problema de abastecimiento de agua que tiene la ciudad.
Y es que la inclusión del proyecto en este listado pone nuevamente la lupa sobre un proceso que ya había generado solicitudes de vigilancia preventiva y que ahora hace parte de los casos presentados públicamente por el Gobierno de Abelardo de la Espriella como susceptibles de revisión.
Un proyecto de $786.000 millones
La dimensión económica de la obra explica buena parte de la atención que ha recibido. La iniciativa busca incorporar la desalinización del agua de mar como una nueva fuente de abastecimiento para Santa Marta, una ciudad que durante años ha enfrentado dificultades para garantizar el suministro de agua potable.
Recordemos que la FM ya había informado sobre los avances del proyecto y sobre la definición de Pescaíto como el lugar previsto para su construcción, después de que fueran analizadas otras alternativas para la ubicación de la planta.
También se había conocido que más de 40 empresas habían mostrado interés en participar en el proceso de licitación.
El proceso quedó bajo revisión
Ahora, además de la discusión sobre la necesidad de la obra, aparece una pregunta alrededor de cómo se adelantó el proceso de contratación.
Durante la presentación del ‘Libro de la Verdad’, Germán Calderón España, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó algunos de los elementos que llevaron al equipo élite anticorrupción del empalme a poner la lupa sobre el proyecto.
Según lo expuesto durante la presentación, la contratación habría avanzado durante las últimas semanas de la anterior administración. Posteriormente, el proceso fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación, luego de que el equipo anticorrupción solicitara la intervención del Ministerio Público.
“El primer caso tiene relación con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta y el proceso de contratación para el diseño, construcción y funcionamiento de una planta desalinizadora, el cual comprometía recursos cercanos a los 786 mil millones de pesos del Ministerio de Vivienda, iniciándose pocas semanas antes de que finalizara la anterior administración”, anotó Germán Calderón España.
¿Qué fue lo que generó las alertas?
Las preocupaciones planteadas durante el empalme estuvieron relacionadas con diferentes aspectos del proyecto, entre ellos la estructuración del proceso, sus requisitos y las condiciones bajo las cuales avanzaba la contratación.
También se solicitó revisar elementos técnicos, jurídicos y financieros asociados con la iniciativa, así como las condiciones del predio donde se proyecta construir la planta.
La inclusión del caso en el ‘Libro de la Verdad’ amplía ahora el escenario de discusión, pues el propio Gobierno Nacional lo presentó como uno de los procesos de la anterior administración que considera deben ser examinados. Y la tarea será establecer si existieron irregularidades, cuáles fueron y quiénes tendrían eventuales responsabilidades corresponde, sin embargo, a las autoridades encargadas de las respectivas investigaciones.
La planta sigue siendo una obra clave para Santa Marta
En medio de la controversia, hay un elemento que no se puede perder de vista y es que Santa Marta sigue necesitando nuevas fuentes de agua. Y la desalinizadora fue concebida precisamente como una respuesta a esa problemática y como una alternativa para complementar las fuentes tradicionales de abastecimiento.
No obstante, consultamos al veedor de agua y conocedor del tema, Luis Miguel Moisés, para para conocer precisamente la situación jurídica de los terrenos donde se pretende desarrollar el proyecto y la apreciación del mismo.
“La planta desalinizadora viene de un Conpes que había situado la planta grande, de 600 litros por segundo, en Pozos Colorados, pero allí ya se había advertido que esa zona tenía una condición especial de protección ambiental y que no se podía construir en ese lugar. Posteriormente, el Distrito, mediante el Decreto 286 de 2026, ubicó la planta y determinó unos lotes de interés público para desarrollar el proyecto cerca de la Sociedad Portuaria. El problema es que en ese lugar existen nueve folios que actualmente pertenecen al Fondo Especial de Víctimas y que tienen una situación jurídica compleja. Además, el Distrito no tiene los recursos para comprar la totalidad de los lotes que hacen parte del polígono donde se pretende ubicar la planta", anotó.
¿La planta no tiene diseños?
Moiés también referenció que existe algo que le preocupa y que es que "la planta desalinizadora, tal como está planteada, no tiene diseños. No sabemos cómo va a funcionar ni cómo se va a desarrollar técnicamente una infraestructura de ese tamaño. Lo que tenemos por encima es que una planta de 600 litros por segundo no cabría dentro del polígono que se ha definido para su ubicación. Incluso, la captación del agua de mar tendría que llevarse hasta el Camellón de Santa Marta. Entonces aquí hay una pregunta fundamental y es ¿cómo se está contratando una obra de esta magnitud, que compromete cerca de 786 mil millones de pesos, cuando todavía existen interrogantes tan grandes sobre su diseño, su ubicación y la forma en que funcionaría?”
Es por eso que, cualquier revisión sobre el proceso contractual tiene una segunda preocupación para los habitantes de la ciudad y es que las eventuales verificaciones no terminen retrasando indefinidamente una obra que ha sido presentada como estratégica para resolver parte del déficit de agua potable.
¿Y en temas energéticos qué se dice?
Al parecer, y según lo dicho por el veedor, no se hicieron los estudios de los costos operativos que tendría esta planta una vez entre en funcionamiento.
"Por ejemplo, se planteó la construcción de un parque solar que supuestamente alimentaría energéticamente la desalinizadora. Pero si la planta está ubicada dentro de una zona consolidada, cerca de la Sociedad Portuaria, y el parque solar estaría en Buritaca, la energía producida tendría que inyectarse al sistema. Eso significa que no necesariamente se estaría logrando el ahorro energético que se plantea. Y lo más preocupante es que, sin que existan estudios de tarifa que permitan establecerlo con certeza, nosotros podemos concluir que el precio final para los samarios y samarias podría terminar siendo entre cinco, seis y hasta siete veces superior a lo que estamos pagando actualmente. Esa es una discusión que tiene que darse antes de comprometer una inversión de esta magnitud.”
¿Qué significa que el proyecto esté en el ‘Libro de la Verdad’?
Así las cosas, la presentación pública del caso no constituye una sentencia ni determina responsabilidades individuales, pues, ahora serán las autoridades competentes las encargadas de verificar los hechos, establecer si se presentaron irregularidades y determinar, de ser necesario, las responsabilidades conforme a la ley.
Por ahora, lo que sí está claro es que la planta desalinizadora, una de las obras de infraestructura más ambiciosas planteadas para resolver el problema del agua en Santa Marta, pasó de ser únicamente una discusión sobre su viabilidad y ejecución a estar también bajo un mayor escrutinio institucional.
¿Y qué dicen los ciudadanos del común?
Consultados por este tema, los ciudadanos como Luis Alfonso Gómez, residente del barrio Pescaíto, anotó que “nosotros lo que queremos es que se busque una solución definitiva al problema del agua. Santa Marta lleva muchos años con esta situación y no podemos seguir esperando mientras las familias tienen dificultades para recibir el servicio. Si hay cosas que revisar en la desalinizadora, que se revisen, pero que eso no termine frenando nuevamente una obra que la ciudad necesita.”
Detalló que aquí lo importante es que se aclaren todas las dudas y que los recursos públicos se manejen bien, pero también que haya voluntad para sacar adelante el proyecto.
"Los samarios necesitamos agua y no podemos permitir que otra vez se retrase una solución por años. Que hagan los controles, que investiguen lo que tengan que investigar, pero que al final nos den una respuesta y una solución concreta", esbozó.
Es importante destacar que desde el Distrito se ha reiterado en que la planta desalinizadora es uno de los proyectos más ambiciosos para la ciudad, ya que brindará agua a todos los samarios, pero, sobre todo a quienes por años padecieron por el preciado líquido.
Sobre este caso en particular y las supuestas irregularidades, todavía no se han pronunciado. Sin embargo, se espera que lo hagan para que así quede se de claridad sobre las partes técnicas y jurídicas del proyecto.
Las claves del tema, en cuatro preguntas.
¿Por qué la desalinizadora de Santa Marta está bajo la lupa?
Porque el proyecto fue incluido por el Gobierno Nacional en el denominado ‘Libro de la Verdad’, entre más de 80 casos de la anterior administración que, según el Ejecutivo, ahora ameritan revisión.
¿Cuánto dinero contempla el proyecto?
La planta tiene prevista una inversión cercana a los $786.000 millones, provenientes del Ministerio de Vivienda.
¿Qué ocurrió con el proceso de contratación?
Según lo expuesto por el Gobierno, la contratación habría avanzado durante las últimas semanas de la anterior administración y posteriormente fue suspendida por la Procuraduría, después de que el equipo anticorrupción solicitara su intervención.
¿Ya se estableció que hubo corrupción?
No. La inclusión del proyecto en el ‘Libro de la Verdad’ y la suspensión del proceso no determinan por sí mismas que haya existido corrupción. Las autoridades competentes deberán verificar los hechos, establecer si hubo irregularidades y determinar las eventuales responsabilidades.
