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Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a Colombia, al subteniente retirado Jairo Andrés Olivera Hernández, quien es requerido por la Justicia Penal Militar y Policial para cumplir una condena por el delito de abandono del servicio.
Olivera Hernández, se encontraba fuera del país cuando fue requerido para una revisión de antecedentes judiciales, la cual reveló que tenía una sentencia pendiente con orden de captura.
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El subteniente retirado fue declarado culpable en el año 2024 por no presentarse ante su superior para reintegrarse a sus labores, luego de disfrutar un permiso concedido por el mando superior y no acudir el día fijado, ni los cinco días posteriores a lo estipulado.
El oficial tendrá que pagar una condena de un año de cárcel, dado que la Ley Castrense no contempla la posibilidad de otorgar el beneficio de la condena de ejecución condicional.
Para la Justicia Penal Militar, gracias a la colaboración armónica entre las autoridades internacionales, es posible alcanzar una justicia pronta, efectiva y sin fronteras.
En otra acción, la Policía Nacional capturó al soldado retirado Cristian Alejandro Vega Martínez, quien era requerido por el Juzgado 10 de Brigada de la Justicia Penal Militar Y Policial, para cumplir condena por los delitos de hurto de armas y bienes de defensa en concurso con el delito de centinela.
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La detención del militar se produjo en el departamento de Casanare, donde el exmilitar fue requerido por las autoridades en un procedimiento de patrullaje y control del perímetro, alertando sobre la orden de captura vigente.
En 2023, el Tribunal Superior Militar y Policial confirmó la sentencia condenatoria en segunda instancia, por los delitos antes referidos cometidos al entregar a un particular un fusil de dotación de la Base Militar de Cerro de la Virgen en Casanare.
