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El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, se pronunció tras el fallo adverso para Colombia en el caso que enfrentaba al país con la multinacional Telefónica SA, anteriormente conocida como BellSouth Colombia.
El tribunal internacional determinó que el Estado colombiano deba pagar 379 millones de dólares a Telefónica. Esta sanción se basa en el argumento de que las medidas tomadas por el Gobierno, fundamentadas en la sentencia C555 de 2013 sobre la reversión de bienes, violaban el tratado bilateral de inversión entre Colombia y España.
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Ante este veredicto, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, manifestó su preocupación y dejó clara su intención de defender los intereses del país.
“En ese sentido, pediré a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como responsable de este proceso y quien lideró la defensa, las explicaciones del caso y la revisión de la información aportada. Sin embargo, le informo al país, que a nuestro juicio este fallo aún no está en firme porque procede el recurso de anulación”, afirmó Mauricio Lizcano en su cuenta de X.
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Lizcano también destacó que el fallo no es definitivo, pues aún existe la posibilidad de interponer un recurso de anulación ante el Ciadi.
“Le pido a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que se interponga este recurso lo más pronto posible”, señaló el ministro.
La compañía demandó a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), argumentando que decisiones gubernamentales afectaban sus derechos como inversionista extranjero.
El conflicto se remonta afirmó el ministro a 2018, cuando Telefónica demandó a Colombia tras considerar que la aplicación de la sentencia C555 de 2013 y las acciones tomadas por el Gobierno en 2014 para hacerla efectiva violaban el acuerdo de protección de inversiones entre Colombia y España.
Este tratado establece condiciones para asegurar un trato justo a las inversiones extranjeras, las cuales, según Telefónica, fueron vulneradas por el Estado colombiano.
