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La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció luego del reciente enfrentamientos entre el ministro del Interior, Armado Benedetti, y la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, donde esta última recibió varios insultos por parte del funcionario.
Benedetti arremetió contra la togada valiéndose de varios calificativos que, según la Defensoría del Pueblo, fueron ofensivos, discriminatorios y los más delicado; constituyó violencia de género al ofender a la magistrada Cristina Lombana.
Según Benedetti, la alta funcionaria judicial, una más de los magistradas que componen la sala de instrucción de la alta Corte, debió remitirse a investigarlo cuando fungió como senador de la República, por lo que profirió en dos ocasiones a recusarla.
"Hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos": sostuvo Armando Benedetti.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo insistió en que, independientemente de cualquier tipo procesal, todos los funcionarios y funcionarias públicas tienen el deber de respetar las decisiones judiciales y controvertirlas únicamente a través de los canales procesarles.
"Este deber es más alto en el caso de altos funcionarios del Estado, pues su actuación es referente para los servidores públicos y la ciudadanía", añadió el órgano de control.
En cuanto al rechazo, por parte de la Corte Suprema de Justicia, por los insultos de Benedetti contra Lombana, Iris Marín Ortiz también se sumó a este rechazo y respaldó el pronunciamiento del presidente de la alta corporación, Octavio Augusto Tejeiro.
"Las declaraciones del ministro socavan la confianza en la administración de justicia y desconocen la independencia judicial, principio fundamental del Estado de Derecho y la democracia en nuestro régimen constitucional": concluyó la Defensoría del Pueblo.
