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La Defensoría del Pueblo identificó que entre los departamentos de Putumayo y Amazonas, 59.636 habitantes están en riesgo por la presencia de las disidencias de las antiguas Farc y del Grupo de Crimen Organizado Sinaloa – La Mafia.
Entre la población con mayor probabilidad de afectación, se encuentran las comunidades indígenas y campesinas concentradas en el trapecio amazónico y en el eje del Putumayo.
También se ubican en las colonias ubicadas sobre las cuencas de los ríos Amazonas y Putumayo en (Amazonas) y en la subregión trapecio amazónico que abarca los municipios de Leticia y Puerto Nariño, cuyos pueblos indígenas predominantes son Yaguas, Ticunas y Cocamas, entre otros.
La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, identificó además que el riesgo también se extiende a las áreas no municipalizadas de Puerto Alegría, El Encanto, La Chorrera, Puerto Arica y Tarapacá al igual que, a los pueblos indígenas de los muina, inga, uitoto, murui, ticuna, ocaína, bora y muinane que se ubican en la subregión del eje del Putumayo.
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La ubicación geográfica de esa zona, además de las dificultades de acceso ya que solo se puede dar por transporte aéreo o fluvial, propició la presencia de facciones disidentes de las extintas Farc, que se han autodenominado como frentes primero y 48 además de otros grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico.
La Defensoría señaló que en el municipio de Tabatinga, específicamente en la frontera brasilera, se instalaron grupos de crimen organizado que se enfocaron en el narcotráfico como lo son la Familia del Norte, Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho, organizaciones que si bien se encuentran en Brasil, se han relacionado con estructuras que delinquen desde Colombia como el grupo de crimen organizado Sinaloa-La Mafia, el frente primero y el frente 48 de las disidencias.
Además se identificó que en territorio peruano, también se encuentran asentamientos dedicados a los cultivos ilícitos, que también tendrían relación con las estructuras que delinquen del lado colombiano de la frontera.
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Entre los riesgos a los que exponen los habitantes de Putumayo y Amazonas están: las extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, homicidios selectivos con especial afectación de autoridades tradicionales y defensores de los derechos colectivos y del ambiente.
Teniendo en cuenta esta situación, la Defensoría del Pueblo a través de la alerta temprana 002 de 2021, urgió al Gobierno Nacional y a las autoridades a brindar condiciones de seguridad para líderes y lideresas campesinos e indígenas, al igual que mujeres, hombres, adultos y niños que están en inminente riesgo por presencia de los actores armados ilegales.
