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El caso de Catalina Giraldo Silva, una psicóloga de 30 años que busca acceder a una muerte digna debido a una depresión profunda, ha reactivado el debate sobre los alcances de la muerte asistida en Colombia, especialmente cuando el sufrimiento está asociado a trastornos de salud mental.
Aunque el país despenalizó la eutanasia desde la Sentencia C-239 de 1997, su aplicación ha estado principalmente ligada a enfermedades físicas graves e incurables, por lo que los casos relacionados con salud mental siguen generando discusión jurídica, médica y ética.
En la sección Rounds FM, dos expertos presentaron posturas distintas frente a la posibilidad de garantizar este derecho en situaciones de sufrimiento psicológico extremo.
Autonomía frente al sufrimiento irreversible
Para Laura Pombo Rivera, el debate se centra en el respeto a la autonomía personal. Según explicó, permitir una muerte digna implica reconocer la capacidad de las personas para decidir sobre su vida cuando enfrentan un sufrimiento que consideran incompatible con su idea de dignidad.
“Permitir una muerte digna es un acto de respeto por la autonomía de las personas, pues nadie debe ser obligado a prolongar una situación incompatible con su idea de vida digna”, afirmó.
Pombo señaló que el derecho a la vida, según la jurisprudencia colombiana, no implica la obligación de vivir bajo condiciones de sufrimiento extremo e irreversible. En ese sentido, sostuvo que cuando la medicina no puede ofrecer una cura y el dolor se vuelve intolerable, la persona debería poder decidir sobre el final de su vida con acompañamiento médico y garantías legales.
La experta también subrayó que el debate no debe limitarse a enfermedades físicas. En algunos casos, explicó, el sufrimiento mental puede ser profundo y persistente, incluso después de múltiples tratamientos.
“En medicina física y mental existen casos donde el sufrimiento es profundo, persistente y refractario, lo que significa que no mejora con tratamientos”, señaló. Para Pombo, ante esos escenarios el sistema debe escuchar la voluntad del paciente y analizar su situación dentro del marco legal existente en el país.
Tratamiento integral y cuestionamiento sobre la capacidad de decisión
Desde otra perspectiva, Camilo Lancheros argumentó que la respuesta frente al sufrimiento debe centrarse en ofrecer tratamiento integral y no en facilitar la muerte. “Lo verdaderamente digno no es dar la muerte, sino ofrecer el mejor tratamiento posible ante el dolor insoportable”, afirmó.
Lancheros sostuvo que las personas con depresión pueden tener afectada su percepción del futuro y su capacidad de tomar decisiones, lo que, en su opinión, influye en la forma en que evalúan opciones definitivas sobre su vida.
“Una persona deprimida tiene su percepción del futuro y su capacidad de toma de decisiones afectada por la falta de esperanza, lo que nubla su juicio”, explicó. En esa línea, indicó que existen numerosos casos en los que, tras procesos terapéuticos adecuados, las personas logran encontrar alternativas que antes no percibían.
Cuando los tratamientos no funcionan
Ante la pregunta sobre qué ocurre cuando los tratamientos resultan ineficaces, Pombo reiteró que el sistema de salud debe reconocer los casos en los que el sufrimiento se vuelve refractario.
Según explicó, el dilema ético radica en decidir si se debe imponer una forma de vivir o si se debe respetar la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre su propia vida cuando han agotado las opciones terapéuticas.
Por su parte, Lancheros insistió en que el dolor puede afectar el juicio de quienes lo padecen y que, incluso en contextos de sufrimiento intenso, se deben explorar alternativas psicológicas y espirituales.
“Que alguien no vea la salida no significa que esta no exista; simplemente puede carecer del juicio para encontrarla”, señaló.
Evaluación profesional y mensaje a quienes sufren
En el cierre del debate, Pombo enfatizó que la muerte asistida no es una decisión inmediata ni automática. Explicó que requiere la evaluación de un grupo de profesionales que acompañan el proceso y determinan si la persona conserva su capacidad de decisión.
“Tener una enfermedad mental no implica automáticamente que la persona haya perdido su capacidad de decidir”, afirmó. En contraste, Lancheros sostuvo que la dignidad humana no depende del nivel de sufrimiento o funcionalidad de una persona y envió un mensaje a quienes enfrentan situaciones similares.
“A Catalina y a quienes sufren, el mensaje es que su vida vale la pena y que no están solos”, expresó. El caso de Giraldo continúa generando discusión sobre los límites legales y éticos de la muerte asistida en Colombia, particularmente en el ámbito de la salud mental, donde aún no existe una regulación específica.
