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Uno de los temas más neurálgicos en Colombia es el que tiene que ver con las obras que no han arrancado o no han podido ser terminadas debido a la corrupción. La situación ha llevado a indagar si ya no es posible realizar construcciones en regla, a tiempo y de calidad, entre otras cosas, sin que se presente corrupción.
En este panorama, Ricardo Rodríguez, vicecontralor general de la República, estableció en LA FM que "se debe dar un diseño de ajuste de política pública para que los contratos se den de manera correcta".
El funcionario dice que en Colombia se debe trabajar porque la infraestructura sea "seria, moderna y aleje las malas prácticas en los procesos contractuales".
"No solo está en los contratos, sino en un análisis de lo que son los proyectos, algunos llegan demasiado inmaduros, con factibilidades débiles en la formulación de ingeniería muy grandes (...) esos proyectos se enfrentan a retos que o no fueron costeados o no fueron correctamente considerados, intencionalmente; el país se enfrenta a proyectos replanteados un sin número de veces", agregó.
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Por otra parte, Rodríguez reveló que, según datos de la Contraloría, aunque no es fácil estimar el nivel de pérdidas a causa de la corrupción, esta situación "puede costarle al país cerca de 50 billones de pesos al año".
"Estudios también arrojan que la pérdida de oportunidad en competitividad para el país para el caso de la Ruta del Sol II está por encima de los 1.300 millones de pesos diarios que perdemos los colombianos", agregó.
Al ser cuestionado sobre el dinero que es posible recuperar, dijo que ronda entre el 3 y 4 por ciento. "La impunidad frente a los crímenes en temas penales en el país es del 97 por ciento, lo que quiere decir que se castiga solo al 3 por ciento de los criminales", fue el dato con el que acompañó su información.
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"Dirán que la Contraloría es incompetente, pero es que la gente hace las cosas para insolventarse, perder las condiciones de los bienes; las dinámicas de procesos de responsabilidad en el país deben ser mas potentes", añadió.
Finalmente, dijo que pese a que los rastreos en estos casos se realizan, lamentablemente las condiciones de gobernanza de las bandas criminales evolucionan muchísimo más que la capacidad institucional. "Al final lo que uno ve es esa condición criminal en contra de los recursos del Estado".
