La FM en Google News
María Alejandra Benavides pasó de ser una asesora legislativa a convertirse en la mujer con la espada afilada en contra de más de 20 congresistas con los que antes se reía en los chats. Benavides estuvo a cargo durante varios meses de la asesoría al Ministerio con la billetera más grande del Gobierno y quien toma las decisiones reales de asignación de presupuestos. Su trabajo era acordar con congresistas cómo se aprobaban proyectos. Hoy, con un principio de oportunidad que la protege, empezó a caminar los pasillos de la Corte Suprema delatando a todos sus antiguos aliados.
La FM conoció un documento de los supuestos cupos indicativos que el Invías habría entregado a por lo menos 27 congresistas, por medio de una matriz de contratos en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Se trata de un esquema que entregó María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a la Corte Suprema de Justicia como aporte dentro de su matriz de colaboración. Esto luego de ser citada a declarar por esta investigación de los contratos en el Invías.
El registro contiene contratos específicos que la entidad habría asignado a cada congresista, donde se reflejan al menos 60 proyectos que estarían distribuidos así:
Para la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes se señalan 13 proyectos que irían para los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena.
Para la Comisión Cuarta del Senado se señalan 10 proyectos en los departamentos de Magdalena, Córdoba, Atlántico y Nariño.
Para la Comisión Tercera del Senado irían 12 proyectos distribuidos para los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, César, Córdoba y Sucre.
Mientras que con relación a la Comisión Tercera de la Cámara se mencionan 25 proyectos para Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Sucre, Bolívar, Valle del Cauca y Atlántico.
Los nombres de quienes aparecen relacionados en estos proyectos para la Comisión Tercera del Senado son los de los senadores Juan Diego Echavarría, a quien se le atribuyen dos proyectos para el departamento de Antioquia por 7.000 y 13.000 millones de pesos a vías terciarias.
Para el senador Jairo Castellanos se estableció un proyecto por 10.000 millones para Norte de Santander; a Efraín Cepeda dos proyectos, uno por más de 12.000 millones y el otro por 13.000 millones. Ambos se ejecutarían en Arauca.
Luego se ve reflejado el nombre del senador Juan Carlos Garcés. Este aparece resaltado con la asignación de dos proyectos de 13.000 y 18.000 millones para el Valle del Cauca; Juan Pablo Gallo tiene en la tabla un proyecto en Bolívar por más de 14.000 millones. José Gennecco dos proyectos para el Cesar por 12.000 y 6.000 millones; Liliana Bitar, un proyecto por más de 21.000 millones en Córdoba; a Karina Espinosa también se le asignó un proyecto con la misma cantidad para Sucre; y finalmente a Rafael Oyola un proyecto más por 5.000 millones en el Valle del Cauca.
En la Comisión Tercera de la Cámara aparecen veinte representantes. Ellos estarían relacionados con los 25 proyectos atribuidos en esta comisión.
Los parlamentarios son Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda, Wilmer Carrillo, Daniel Carmona, Wadith Manzur, Julián Peinado, Wilmer Castellanos, Juan Diego Muñoz, Silvio Carrasquilla, Álvaro Monedero, Elkin Ospina, Wilder Escobar, Milene Jarava, Sandra Aristizábal, Kellyn González, Yamil Arana, Julisna Aray, Leonardo Rico, José Tejada y se cierran los nombres con Wilmer Guerrero.
Este material aportado por Benavides evidencia un procedimiento cuestionable entre el Gobierno y el Congreso que, luego, cuando estos hechos ocurrieron no en el Invías sino en la UNGRD, desencadenaron el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro. Para esta maniobra, según María Alejandra Benavides, el contacto de Invías era su entonces director, Juan José Oyuela. Este último sería supuestamente el "enlace" con el Ministerio de Hacienda, quien se entendía con Andrea Ramírez, la exasesora antes de que María Alejandra Benavides tomara el cargo.
La tabla refleja cada contrato, el departamento y municipio en el que iba a ser ejecutado, así como el monto del proyecto en pesos colombianos y contiguamente, el nombre del congresista que sería beneficiado.
El proyecto más alto visto en la tabla fue para el mejoramiento de la vía Sitio Nuevo – La Fuente en el municipio de Sitio Nuevo en el departamento del Magdalena, contrato que estaba avaluado por la suma de $ 33.706.808.000.
Mientras que el contrato más pequeño que encontramos en la tabla está avalado por solo $2,000,720.162. Este corresponde al mejoramiento de las vías terciarias en las veredas San Isidro y San Pedro en el municipio de Santana en Boyacá. En este proyecto se relaciona al congresista Juan Diego Muñoz.
La FM habló con el senador Efraín Cepeda, quien se refirió a los posibles contratos que aparecen relacionados con su nombre en la entidad durante 2024. Aseguró que su interés siempre fue “favorecer el interés público y no el personal”.
“En cumplimiento de mis funciones y deberes como senador de la República, contemplados en el artículo 283 numeral 6 y 8 de la Ley 5 de 1992, avalados por la sentencia C-497-94 de la Corte Constitucional, debo expresar que siempre he adelantado y adelantaré gestiones regionales, favoreciendo el interés público nunca con interés personal": señaló Cepeda.
Juan José Oyuela, director de INVÍAS en ese entonces, hablaba con María Alejandra Benavides para actualizar la tabla de los contratos, todo autorizado por el Ministerio de Hacienda.
Además, según la defensa judicial Benavides, cuando la ex asesora entró al Ministerio de Hacienda no tenía los requisitos jurídicos para continuar en las labores que le encomendaron seguir. Puntualmente, en el registro, seguimiento y actualización de cada proyecto en relación con el nombre de los congresistas.
La Defensa de Benavides también relató que en el Invías no existirían testigos como Sneyder Pinilla y Olmedo López. El caso deberá estudiarse a fondo sobre cada uno de los contratos para precisar su direccionamiento y determinar si hubo congresistas beneficiados.
