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LA FM conoció un documento de más de 440 páginas en donde la Contraloría detalla, una a una, algunas presuntas irregularidades e inconsistencias que habría detectado tras una auditoría al Instituto de Recreación y Deporte en Bogotá durante el último año de la alcaldía de Enrique Peñalosa.
El informe del equipo de la Contraloría, contiene aspectos administrativos, financieros y legales con los que se evidenciaron deficiencias en la estructuración de los documentos preparatorios del contrato etapa pre- contractual, además de obras que inicialmente no estaban en algunas licitaciones.
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Se seleccionó una muestra de 13 contratos de obra por un valor de $131.063.740.497 y uno de interventoría por $1.417.608.357, para un total de 14 contratos por un valor de $132.481.348.854 que equivalen al 63,36% de los contratos de esta tipología que fueron terminados o liquidados en el año 2019.
Por ejemplo, se encontró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al presentarse fallas en las obras ejecutadas en el Parque Zonal Las Margaritas – Gilma Jiménez en el cual se proyectó entre otras cosas, cancha sintética para fútbol, baby fútbol, cancha de tenis, sendero de trote, gimnasio, juegos infantiles, baños públicos, pista de BMX y escenario de Skate Board, iluminación, entre otros.
“Deficientes reparaciones en el piso de caucho en el área de juegos infantiles. Presencia de fisuramientos en el piso de caucho en el área de juegos infantiles, mancha de apozamientos en el área de patinaje artístico de la pista, hundimiento de la superficie de dicho escenario”, relata el informe.
El documento también señala que, "la batería sanitaria contigua a la pista de patinaje se encuentra fuera de servicio, igualmente se observó un sanitario suelto en su base y lavamanos igualmente inhabilitados. De la misma forma, se apreció baja presión de agua en los aparatos sanitarios en los baños aledaños a la pista de patinaje referida. Otra falla observada se relaciona con la puerta de acceso a la cancha de Baby fútbol, la cual presenta problemas en su instalación y estabilidad”.
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El informe también detalla que, "en la pista de BMX, se evidenciaron algunas fallas en los tramos de la referida pista, en la cual se aplicó slurring (lechada asfáltica), observando fisuramientos en el borde de la misma, que, si bien en ocasiones para este tipo de escenarios se permite solo el uso de arcilla a la vista, en esta ocasión se autorizó aplicar el referido material".
Otro de los apartes del documento indica que, "en este escenario se evidenció en la estructura del pavimento que en el área de piso del partidor, presenta notorias fisuras que afectan claramente su estabilidad, no evidenciando un adecuado seguimiento por parte de la interventoría de obra".
Otro hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal tiene que ver con la construcción e instalación de Cerramiento Perimetral del Parque Metropolitano Tercer Milenio sin tener en cuenta las normas urbanísticas específicas del Parque.
“Lo estudiado por el Equipo Auditor este parque metropolitano fue pensado para que fuera un parque abierto, de vocación cívica para el cual, el contexto urbano inmediato define sus actividades. Y permitiría conectar fácilmente las avenidas circundantes así situación que no se da en la realidad con la obra ejecutada y contradice la normatividad sobre cerramiento para este parque Metropolitano", dice el documento.
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Además se agrega que esta obra no estaba contemplada en la parte inicial el contrato y surge su aprobación con la adición y prorroga No.1 del Contrato de Obra No. 3784 de 2018, de fecha 23 de julio de 2019.
También otra de las irregularidades tiene que ver con la adición del contrato para el mantenimiento, adecuación y recuperación de la infraestructura física de los parques que conforman el Sistema Distrital en localidades como Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usme entre otras.
“De cara al principio de planeación, el IDRD debió conocer con antelación cuáles eran los requerimientos de los parques para así determinar la necesidad real y cierta. Y por consiguiente, estructurar los documentos que integrarían la etapa precontractual, pues ocurre, que el dinero es del erario y la contratación estatal tiene como propósito satisfacer el interés público. No es admisible la improvisación”, dice el comunicado.
“Dicho en otras palabras, el IDRD al trasgredir el principio de planeación por no señalar con claridad y especificidad los parques que requerían intervención -no definió el objeto contractual según lo dictan las leyes y principios de contratación estatal-, y modificó el objeto contractual al aprobar dicha adición, dirigida a cubrir más parques de los inicialmente pactados”, puntualiza el documento.
Por último se da a conocer que el IDRD contó con un presupuesto definitivo en la vigencia para gastos e inversión por $770.352.829.317, valor del cual realizó compromisos por $715.644.772.479, que corresponde al 92.90%; es decir, no se ejecutó el 7.10% del total asignado, cuyo valor es $54.708.056.838”.
