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La Contraloría General de la República presentó su noveno informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, revelando que los $107,47 billones ejecutados en nueve años no se traducen en transformaciones concretas para garantizar una paz estable y duradera.
Entre 2017 y el primer trimestre de 2025, las entidades encargadas de los recursos del Acuerdo reportaron una ejecución acumulada del 53% del presupuesto total estimado para 15 años, equivalente a $201,5 billones. Solo en 2024, se ejecutaron $19,2 billones, un incremento del 16,2% frente a 2023.
Sin embargo, la Contraloría advierte que “el 42% de los proyectos del trazador de paz presenta dificultades para asociar productos específicos del Acuerdo Final, mientras que solo el 17% permite cuantificar resultados de manera clara y verificable”.
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En cuanto a la Reforma Rural Integral, en nueve años se han formalizado 27.000 hectáreas, por lo que alcanzar la meta de 3 millones de hectáreas tomaría cerca de 400 años. Sobre esto, la Contraloría señaló que “la continuidad de la RRI enfrenta desafíos críticos de sostenibilidad”.
El Plan Nacional de Electrificación Rural muestra un déficit estructural de $10,26 billones para lograr la universalización del servicio, con recursos proyectados de $7,93 billones frente a los $18,2 billones necesarios.
El informe también evidenció que, en el sector de Minas y Energía, el 12% de los proyectos de sistemas solares financiados con recursos del OCAD Paz presentan fallas de sostenibilidad y funcionalidad. “Millonarias inversiones no cumplen su propósito transformador por ausencia de modelos de operación, administración y mantenimiento”, alertó la Contraloría.
Asimismo, se identificaron 113 hallazgos en la gestión fiscal de recursos del posconflicto entre julio de 2024 y junio de 2025, de los cuales 31 fueron fiscales por $4.794 millones.
El informe resalta la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones: “Es urgente mejorar la coherencia entre los objetivos y la contratación derivada, para garantizar que cada peso invertido genere cambios duraderos y verificables en beneficio de las comunidades más vulnerables del país”.
El documento también advierte retrasos en la actualización del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), lo que limita la disponibilidad de datos para hacer seguimiento a la implementación de proyectos, especialmente en el capítulo étnico.
Planes como el de Educación Rural y Salud Rural muestran avances en cobertura y ejecución de recursos, pero la Contraloría subraya que la falta de línea base, la débil articulación local y las barreras logísticas siguen limitando que la economía campesina y familiar se consolide como motor de desarrollo territorial.
“Construir paz no puede depender de recursos ejecutados sin transformaciones estructurales”, concluye el informe, insistiendo en la necesidad de metodologías claras y mecanismos de evaluación para medir el impacto de cada inversión.
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