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El reciente Decreto 2016 de 2023, que regula el funcionamiento de las plantas de beneficio animal en Colombia, ha sido objeto de análisis detallado por parte de ACOVEZ, con el objetivo de ilustrar su impacto en la sociedad colombiana.
En primer lugar, han identificado diversos aspectos de preocupación, que van desde riesgos sanitarios y ambientales hasta la significativa inversión que los municipios deberían afrontar. Asimismo, se señala un posible retroceso en la educación sobre el consumo adecuado de alimentos, especialmente de carne. Por último, se subraya que este decreto no lograría reducir de manera significativa el precio de la carne, a pesar de ese ser su propósito inicial declarado.
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Ignacio Amador Gómez, presidente de ACOVEZ y experto en zootecnia con Maestría en Ciencia y Tecnología de Carnes, enfatiza que la apertura de plantas municipales no resolvería la problemática del alto costo de la carne en el país.
Explica que aproximadamente el 70% del precio de la carne está ligado al valor del animal en pie en finca o en ferias, sumado a los costos de movilización y transporte. El restante 30% incluye el servicio de beneficio, impuestos, transporte de la canal al expendio y los procesos de desposte, empaque y porcionado.
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Amador destaca que la viabilidad de invertir en una planta de beneficio de autoconsumo debe ser evaluada minuciosamente por los municipios, considerando los requisitos sanitarios, ambientales y la garantía de la inocuidad alimentaria. Advierte sobre el cierre previo de plantas municipales por incumplimientos en el manejo de residuos y vertimientos, problemas que aún persisten en el control ambiental.
El experto advierte que sin una adecuada vigilancia y control, existe un riesgo incrementado de enfermedades zoonóticas y contaminación alimentaria por microorganismos en la carne, poniendo en peligro la salud pública, especialmente la de grupos vulnerables como niños y niñas.
