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La reciente intención del Gobierno colombiano de adquirir aviones de combate de fabricación sueca para fortalecer la Fuerza Aeroespacial ha suscitado una serie de cuestionamientos en materia de transparencia y control ciudadano. Frente a esto, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, destacó en entrevista con La FM de RCN que este tipo de procesos deben estar rodeados de vigilancia, acceso a la información y cumplimiento riguroso de las normas tanto nacionales como internacionales.
“El tema es muy crítico para el país en términos de seguridad y defensa nacional, pero también por la situación fiscal que estamos viviendo”, señaló Hernández, quien insistió en la necesidad de “blindar” este proceso con los mayores niveles de transparencia. Recordó que, a nivel global, las compras en el sector defensa son altamente sensibles y por eso existen lineamientos y buenas prácticas que deben observarse estrictamente.
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“Tenemos unos lineamientos de transparencia muy claros. Guías que nos da la misma OTÁN, y también la legislación nacional. Lo primero es asegurarnos de que Colombia esté siguiendo esas buenas prácticas”, enfatizó.
Uno de los puntos centrales para Hernández es que, aunque se trate de un tema de seguridad nacional, eso no implica que toda la información deba ser clasificada. “Comprendemos que hay muchos temas que necesitan reserva, pero eso no significa que toda la documentación esté inaccesible. Tenemos que rodear este proceso de solicitud de información y rendición de cuentas para que haya plena claridad en el debate público”, dijo.
El director de Transparencia por Colombia insistió en que la Ley 1712 de 2014, conocida como Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, permite establecer excepciones por motivos de seguridad nacional, pero también obliga al Estado a actuar con “transparencia proactiva”.
“Esa ley permite que algunos temas queden bajo reserva, pero no todos los documentos deben quedar opacados. Si no hay respuesta adecuada por parte de las autoridades, se puede acudir a los recursos jurídicos como solicitudes formales de información o incluso acciones de tutela”, explicó.
Hernández también abordó la necesidad de que las empresas participantes en este tipo de licitaciones cumplan con normas claras y estándares anticorrupción. “No estamos hace 20 o 30 años, cuando muchos de estos procesos estaban rodeados de sospechas. Hoy empresas como las de Suecia o Francia deben cumplir con una legislación estricta, tanto europea como colombiana”, afirmó.
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Asimismo, advirtió que cualquier intento de pago de facilitación o favorecimiento en el proceso de contratación podría constituir un delito de soborno transnacional. “No necesariamente tiene que ser un pago o un regalo. Facilitar algún tipo de favor también podría entenderse como soborno transnacional. Pero hasta ahora no hemos escuchado ni tenemos indicios de esto en el proceso”, aclaró.
Finalmente, hizo un llamado a los actores institucionales y sociales para mantener una vigilancia activa. “Es muy importante que los medios de comunicación, la sociedad civil y la academia estemos atentos. Este proceso no puede quedar en la opacidad. Todo debe hacerse bajo la normativa vigente y con una rendición de cuentas clara”.
