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Solo dos magistrados están de acuerdo con acusar y enviar a la cárcel de forma preventiva a cinco congresistas y un excongresista que habrían torcido contratos a cambio de votos por el gobierno de Gustavo Petro. Uno más prefiere llamarlos a juicio sin detenerlos. Una se inclina por que el proceso siga contra dos legisladores.
Y así. Sin modesta armonía, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no decidió si lleva al banquillo a los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, una célula de seis legisladores que aprueban los créditos internacionales que el Gobierno solicita.
Tras dos días de debate y una ponencia del magistrado Misael Rodríguez, la Sala aplazó hasta el 11 de marzo la conclusión de la sala extraordinaria que empezó el 4 de marzo. El potencial llamado a juicio de los implicados en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) quedó en puntos suspensivos.
Rodríguez recabó pruebas y pisó el acelerador una vez Olmedo López, exdirector de la Unidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, firmaron sendos principios de oportunidad con la Fiscalía para delatar a quienes, junto a ellos, movieron sobornos a través de plata y contratos a cambio de votos en el Congreso.
La Comisión Interparlamentaria tiene, por norma, tres senadores y tres representantes que hacen parte de las comisiones económicas. El escándalo de la UNGRD paralizó su funcionamiento, principalmente cuando renunciaron Wadith Manzur, cordobés y del Partido Conservador, y Karen Manrique, de la Circunscripción de Paz de Arauca.
Ahora Manzur y Manrique aspiran a reelegirse. El conservador quiere saltar al Senado el 8 de marzo, y Manrique, repetir su curul de paz. Las campañas observaron los ecos de la Sala, que podría llevar también al banquillo —y a prisión, si hay votos— a Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar y Julián Peinado. A Juan Diego Muñoz no.
El rol incierto de Muñoz y las primeras grietas del expediente
Ese era uno de los líos principales, según conoció La FM. Parecía haber un problema con la acusación contra Muñoz particularmente, que la separaba de la cohesión que debía hilar el expediente contra los cuatro procesados y las dos procesadas. Para tratar de consensuar, la Sala optó por no buscar su detención preventiva.
No es claro aún el papel de Muñoz en todo el entramado. Sin embargo, entre las pruebas que la exasesora María Alejandra Benavides ha entregado figura un chat posterior a la renuncia del metense en el que cede sus “compromisos” al representante Wilmer Castellanos, quien habría acordado torcer contratos del Invías.
Gallo es un senador liberal; Bitar, una senadora conservadora; Peinado, un representante liberal, y Muñoz, un exrepresentante de la Alianza Verde que renunció en febrero de 2024, diez meses después de que la Corte Suprema abriera una investigación en su contra por irregularidades de contratos del PAE en 2016.
La Corte Suprema cerró la etapa probatoria del caso contra Manrique, Manzur, Bitar, Peinado, Gallo y Muñoz en noviembre del año pasado. Desde entonces, el paso siguiente debía ser el llamado a juicio y una eventual medida de aseguramiento. Una votación de tres votos a favor y tres en contra este jueves estancó todo.
El magistrado Rodríguez y su colega Héctor Alarcón votaron por una acusación y una medida de aseguramiento para todos los implicados. La magistrada Cristina Lombana solo pretendía un juicio y una detención para Wadith Manzur y Karen Manrique, y el magistrado Marco Antonio Rueda optaba por un juicio sin aseguramiento.
César Reyes, expresidente en 2023 y 2025 de la Sala, se inclinó por juzgamientos para Manzur, Manrique y Juan Pablo Gallo, los tres a quienes María Alejandra Benavides les habría enviado información sobre proyectos de los que saldrían cupos indicativos, una partida del presupuesto nacional para proyectos regionales de congresistas.
Un empate entre magistrados que obligó a llamar conjueces
Y el presidente actual, Francisco Farfán, tendía a llevar a todos a juicio y a nadie a la cárcel. Como no se pusieron de acuerdo, el futuro del abultado expediente quedó en manos de Jesús Alfredo Rey Córdoba, un abogado con doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Javier Fernando Fonseca, especialista en Derecho Penal.
La Sala de Instrucción escogió a los conjueces por sorteo y programó para el miércoles 11 de marzo su próxima jornada. Rey tiene una vasta experiencia en la rama judicial y en la cátedra, principalmente en la Universidad de Los Andes, donde fue decano en 1986, y en la Universidad Javeriana de Cali, de donde es oriundo.
El colombo francés ha sido consultor en telecomunicaciones espaciales y satelitales, y ha dictado clases en Derecho del Espacio Ultraterrestre. Entre 1978 y 2007, en distintos periodos, fue embajador en la Comisión de Utilización del Espacio Ultraterrestre (Copuos), un órgano de la ONU para investigar sobre el espacio.
Javier Fernando Fonseca fue candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe en 2020. Con menos experiencia, pero con reconocimiento en la academia, es un abogado con una maestría en Derecho. Ha sido litigante, asesor y consultor, además de decano de facultades de Derecho en cuatro universidades.
Sobre sus orientaciones políticas no se sabe mucho. La Sala de Instrucción no suele llamar a sus conjueces luego de su posesión, pues las pugnas internas, aunque retrasan las investigaciones y los autos, se resuelven con la mayoría de los votos. El caso de corrupción en la UNGRD y los cinco congresistas implicados es casi inédito.
Karen Manrique está en líos porque el exdirector de la UNGRD Olmedo López, en declaraciones ante la Corte Suprema, aseveró haberse reunido varias veces con ella en 2023 para revisar los avances de tres contratos que sumaban unos 92.000 millones de pesos. Los convenios, al parecer, debían entregarse a dedo.
Las declaraciones de Olmedo López contra Karen Manrique y otros congresistas
Manrique, en su momento, reaccionó en su cuenta de X. “Olmedo López miente”, escribió. Una jueza avaló en agosto de 2025 el principio de oportunidad del exfuncionario. “Su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía” lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente, añadió la congresista.
López afirmó haberse reunido en su oficina con Manrique y que ella escribió en la libreta personal de él cuáles eran los contratos que necesitaba desviar y a qué congresistas debían dirigirse: Manzur, Bitar, Gallo, Peinado y Muñoz. Los convenios se destinarían en Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar, y Arauca.
Al final, ninguno de los contratos se adjudicó o se ejecutó. Olmedo López terminó renunciando a la UNGRD por haber liderado el desfalco de la entidad tras el contrato para suministrar agua potable a La Guajira con cuarenta carrotanques, y, como piezas de dominó, las confesiones a cuentagotas fueron tumbando a más funcionarios.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, ha sido clave. La justicia tiene cerca de cincuenta horas de grabación en las que Benavides delata encuentros en el ministerio presiones de congresistas. La Fiscalía firmó con ella un principio de oportunidad que un juzgado aprobó en julio de 2025.
Benavides ha comprometido a casi cuarenta personas, una treintena de las cuales son congresistas que habrían negociado contratos en la UNGRD y en el Instituto Nacional de Vías (Invías). La línea de investigación del Invías, que ya ha impulsado detenciones preventivas, navega en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.
Horas antes de que empezara la sesión del 4 de marzo de la Sala de Instrucción, la representante Manrique publicó un video en sus redes. Con nerviosismo, decía que estaba en Tame haciendo campaña y que quería responder al “alto impacto que han generado los rumores” y “las noticias” sobre el debate en la Corte.
La defensa de Karen Manrique y los movimientos en el caso de la UNGRD
“También le hice llegar un documento a la honorable Corte Suprema de Justicia porque desconocemos los procesos”, manifestó Manrique, con un discurso al menos contradictorio con, por ejemplo, las actuaciones de su defensa. La semana pasada, su abogado Andrés Garzón roa pidió remover al procurador del caso.
De hecho, tanto Manrique como Bitar, los congresistas y el excongresista saben del proceso penal de la UNGRD al menos desde noviembre de 2024, cuando la Sala de Instrucción abrió una investigación formal en su contra y les citó a indagatoria. La Corte aseguró entonces contar con cincuenta pruebas documentales y diez testimoniales.
En julio de 2025 la Sala de Instrucción decidió no detener a Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Juan Muñoz. El magistrado Misael Rodríguez había presentado una ponencia para enviarles a la cárcel, pero la mayoría de la Sala no la apoyó. La segunda no fue la vencida para el togado.
La investigación constató, desde la etapa preliminar, que entre noviembre y diciembre de 2023 la Comisión de Crédito Público emitió trece de los dieciocho conceptos que el Ministerio de Hacienda pidió en el año. “A cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas”, sostiene la Corte.
En agosto de 2025, el magistrado Misael Rodríguez compulsó copias para que la Fiscalía investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a diez exfuncionarios del gobierno de Petro —como Carlos Ramón González y Luis Fernando Velasco— por presuntamente ofrecer contratos a cambio de votos para créditos estatales.
Iván Name, de la Alianza Verde, y Andrés Calle, liberal, son las figuras más prominentes del escándalo a las que la justicia ha alcanzado. Los expresidentes del Senado y la Cámara siguen presos, y la Sala de Primera Instancia rechazó una nulidad de Calle y admitió varias pruebas en su contra. El juicio, en contraste con el de la Comisión de Crédito, sigue firme.
