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Una juez especializada de de Bogotá dejo en firme el proceso y respectivo llamado a juicio de la exconsejera presidencial para la regiones Sandra Ortiz acusada como pieza clave en el entramado de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
La decisión fue adoptada por parte de la juez octava penal especializada de Bogotá que negó la solicitud de preclusión que se adelanta en su contra por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
Los argumentos de la juez
La juez desestimó los argumentos del abogado Mauricio Camacho quien aseguró que la ex funcionaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro no había cometido los delitos que le formuló la Fiscalía y argumentó que fue vinculada a este caso con hechos en los que ella no tuvo nada que ver.
“En relación con la solicitud encaminada a que se decrete la preclusión por inexistencia del hecho investigado respecto del punible de Tráfico de influencias de servidor público, considera el despacho que el propósito del defensor no fue alcanzado, toda vez que, lejos de un contenido objetivo que persuada en tal sentido, la argumentación planteada es susceptible de valoraciones y análisis de talante subjetivo, los cuales no pueden realizarse en sede de preclusión”, indicó la juez delegada.
Así mismo, sostuvo: “La misma negativa se extiende a la solicitud de preclusión para el punible de lavado de activos (…) el despacho le recuerda a la defensa que cada tipo penal goza de independencia y autonomía en cuanto al marco fáctico que lo sustenta”.
La defensa y la supuesta vulneración de sus derechos
Está solicitud fue realizada al advertir que uno de los contratos que originó la investigación contra Ortiz no existe.
“Se lleva a un ser humano a la inclemencia del derecho penal cuando la defensa conoce que el hecho jurídicamente relevante vertido en la acusación, no existió”, indicó el abogado Camacho.
La defensa indicó que aunque se hizo mención a un millonario contrato que se dice se realizó en el municipio de Repelón (Atlántico), se estableció que corresponde es a Girón (Santander) y ello deja en evidencia la supuesta irregularidad cometida por la Fiscalía durante la sustentación del proceso.
“A un contrato que se dice se llevó, realizó en el municipio de Repelón Atlántico. En la misma acusación se dice que esa solicitud fue reiterada el 19 de octubre. Es decir, esa solicitud al parecer de que en ese tráfico de influencias, Sandra Liliana, al solicitar o requerir una adición, se dice de 11 mil millones de pesos”, manifestó.
También señaló que “el interés que se dice en la acusación tenía el expresidente del Senado Iván Name, era frente a un contrato en el Atlántico, donde se dice que Sandra Ortiz traficó esas influencias y le dijo que adicionara ese contrato en Repelón”.
Enfatizó que tras los hallazgos de la defensa es claro que debe dársele tránsito a una preclusión de la investigación en punto a los tipos penales por los que fue acusada Sandra Ortiz y apeló la determinación con el fin de que el Tribunal Superior de Bogotá revise su solicitud.
Por su parte, la Fiscalía insistió en que debe desestimarse esta petición de la defensa al advertir que ese contrato sólo es una de las aristas dentro de las diferentes pruebas que permiten demostrar los hechos jurídicamente relevantes que incriminan a Sandra Ortiz con este entrando de corrupción.
“La defensa solo se refirió en su argumentación a una arista de la acusación, pero no dijo nada sobre la inexistencia de la reunión del 21 de septiembre de 2023, sobre las palabras que la señora Sandra Ortiz le dirigió a Olmedo de Jesús López Martínez, ni aportó elementos demostrativos algunos en tal sentido”, agregó.
