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Luego de dos días de audiencia en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena, donde fueron escuchadas las víctimas del conflicto armando que confluyen en la zona del Canal del Dique y autoridades, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los magistrados determinaron adoptar medidas cautelares de protección sobre el área de influencia del cuerpo de agua.
En la diligencia adelantada por Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, se ordenó al Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) diseñar un “protocolo arqueológico forense para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas” en este cuerpo de agua.
“Este protocolo deberá tener con enfoque diferencial étnico y de género en el término de cuatro meses como desarrollo al proceso licitatorio de la APP”, ordenan los magistrados.
También se determinó que deben constituir una mesa técnica con la asesoría de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Procuraduría delegada ante la JEP.
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“El protocolo deberá aplicarse en cualquier tipo de intervención del Canal del Dique derivada del proceso contractual en curso o de aquellos que lo adicionen, modifiquen o reemplacen. Ordenar al Ministerio de Transporte y la ANI que en el marco de la mesa técnica del protocolo referido tenga como propósito no solo el tratamiento de hallazgos fortuitos de cuerpos, sino la garantía de los derechos de las víctimas relacionados con la búsqueda, hallazgo, exhumación, tratamiento y entrega digna”, manifestó el magistrado Alejandro Ramelli.
La decisión también cobija a Cormagdalena. “Antes de poner en marcha cualquier tipo de intervención en el Canal del Dique tendrá que informar y contar con acompañamiento de ese alto tribunal y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas”, se indicó.
En el caso del Ministerio de Transporte, tendrá que constituir una mesa interinstitucional de articulación integrada por la ANI, Cámara Colombiana de Infraestructura, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Ministerio de Ambiente, la Anla, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, a la dirección de asuntos indígenas y minorías, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, autoridad de consulta previa del Ministerio del Interior, Instituto Colombiano de Antropología e Historia con el acompañamiento de la Procuraduría delegada ante la JEP.
“En el seno de dicha mesa se debe elaborar en un plazo de seis meses un documento de lineamientos para protocolos de salvaguarda y protección de cuerpos no identificados de presuntas víctimas del conflicto armado con el propósito de garantizar, identificación y entrega digna de proyectos en futuras obras y proyectos en Colombia”, expresó el magistrado de la JEP.
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En el caso de la vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, deberá en dos meses elabore un plan de acción para superar la impunidad en el Canal del Dique, “que incluye las graves violaciones a los derechos humanos en especial desapariciones forzadas imputables a grupos armados ilegales, agentes del estado y terceros civiles”.
La decisión también va dirigida a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz, de “realizar en el término de 30 días calendario, inspección judicial al cementerio del barrio Albornoz, ubicado en Cartagena, con el fin de identificar cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el Canal del Dique”.
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