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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ordenó la suspensión inmediata de acuerdos anticompetitivos en procesos de contratación de vehículos blindados de la UNP y de comportamientos que pongan en peligro la vida y la integridad de personas en condiciones críticas de seguridad.
Esta decisión se produce después de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) presentara una denuncia contra todos los proponentes que participaron en los procesos de selección para el arrendamiento de vehículos blindados, solicitando medidas cautelares.
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La Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Elainne Rusinque Urrego, ordenó a varias empresas, entre las que se encuentran NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA., G M W SECURITY RENT A CAR LTDA., y BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA., quesuspendan inmediatamente cualquier conducta encaminada a coordinar ilegalmente su comportamiento para participar y ejecutar procesos de contratación que adelanta la UNP para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos blindados.
Además, las empresas deben abstenerse de realizar el apagado remoto de los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP si no existe una justificación objetiva, razonable y documentada que esté relacionada directamente con la seguridad de las personas protegidas. También deben abstenerse de retirar de funcionamiento los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP bajo las mismas condiciones.
La SIC, como autoridad nacional de protección de la competencia, decretó las medidas cautelares contra todos los proponentes que participaron en los procesos de selección para el arrendamiento de vehículos blindados que adelantó la UNP en el periodo comprendido entre 2017 y 2023.
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La SIC aseguró que tras evaluar el material probatorio aportado y estudiar todos los procesos de selección que la UNP adelantó durante un periodo de 7 años (2017 y 2023) para el arrendamiento de vehículos blindados, la entidad concluyó que los proponentes que participaron en esos procesos ejecutaron dos comportamientos que podrían ser ilegales.
En primer lugar, las empresas se habrían repartido sistemáticamente las 90 zonas en las que fueron divididos los procesos de selección, de manera que lograron presentarse como únicos proponentes y resultar adjudicatarias sin enfrentar competencia. Esto impidió que la UNP pudiera obtener mejores condiciones de contratación.
Sin embrago, la Superindustria sustentó esa conclusión en los siguientes hallazgos:
Las empresas que participaron en los procesos desarrollaron sistemáticamente un comportamiento inexplicable en un escenario de verdadera competencia, pues en más del 93% de las zonas adjudicadas durante 7 años (84 de 90 zonas) no existió competencia alguna entre ellas.
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"En los casos excepcionales en los que más de una empresa se postuló para una misma zona (que ocurrió en solo 6 de 90 zonas), la Superindustria no encontró evidencia de una competencia efectiva entre los proponentes. En adición, las empresas habrían adoptado medidas para corregir esas situaciones, de manera que se mantuviera la situación en la que cada una resultaba como única proponente", agregó la SIC.
