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Tras una serie de denuncias y acciones legales se logró que varios ciudadanos recuperen los pagos realizados por cambios de medidores que fueron impuestos de manera obligatoria por la empresa del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.
Según el concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, esta situación afectó a miles de usuarios, quienes se vieron obligados a pagar por medidores nuevos sin que se hubiera realizado una revisión individualizada que justificara el cambio.
Parra explicó que el Acueducto adquirió 150.000 medidores y comenzó a instalarlos de manera masiva, utilizando algoritmos que determinaban supuesta obsolescencia, pero sin revisar cada medidor en laboratorio. “Esto constituye una violación al debido proceso y un negocio irregular, ya que muchos usuarios terminaron pagando entre 300.000 pesos y más por medidores que no necesitaban cambiarse”, indicó el concejal.
Además, denunció irregularidades en las notificaciones enviadas a los ciudadanos, muchas de las cuales fueron entregadas de manera deficiente o incluso se notificaba la recepción de las cartas cuando en muchos casos no fue así, lo que impidió que los usuarios ejercieran sus derechos oportunamente. También advirtió que varios medidores recién instalados presentaron fallas, fueron reparados y posteriormente entregados a otros usuarios, pero se les cobró como si fueran equipos nuevos.
Para facilitar la defensa de los derechos de los ciudadanos, Parra y su equipo diseñaron un sistema en la página web del concejal que permite a los usuarios generar reclamaciones de forma automatizada y enviarlas directamente a la empresa de servicios públicos. Esto, debido a la gran cantidad de denuncias que, según el corporado, superaron la capacidad de su equipo, con más de 2.000 casos recibidos.
Hasta el momento, cientos de reclamaciones han sido aceptadas y los ciudadanos ya comenzaron a recibir la devolución de los cobros de estos cambios de medidores.
Finalmente, el concejal destacó que las acciones legales continúan y que se presentarán denuncias ante la Procuraduría y la Superintendencia de Servicios Públicos ante el actuar de la empresa y evitar que este tipo de prácticas afecten nuevamente a los usuarios.
