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Organizaciones de derechos humanos, periodistas y la oposición en Turquía critican un polémico proyecto de ley -que comienza a debatirse este martes- y que permitirá al Gobierno islamista censurar con más facilidad contenidos de internet y las redes sociales.
La normativa, impulsada por la formación gubernamental islamista Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) junto a su aliado parlamentario, el ultranacionalista Partido de Movimiento Nacionalista (MHP), obligaría a las empresas de redes sociales a designar a un representante y a mantener los servidores de la empresa en Turquía.
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El Gobierno: acabar con el acoso en redes
"La prioridad no es el cierre de las redes sociales. Nuestro objetivo es acabar con los insultos, el mal lenguaje y el acoso en redes sociales", justificó recientemente Özlem Zengin, vicepresidenta adjunta del AKP.
Altos cargos del Ejecutivo argumentan que la ley es necesaria porque las compañías tecnológicas no han tomado medidas contra actividades como el acoso sexual, los juegos de azar ilegales, fraudes y apoyo al terrorismo.
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Si el Parlamento aprueba la norma, las empresas deberán almacenar datos de los usuarios en Turquía y se establece un plazo de 48 horas para eliminar contenido que las autoridades consideren "ofensivo".
La reforma también contempla multas de entre 1.500 y un millón de dólares a las empresas -como Twitter, YouTube y Facebook- que no cumplan con sus obligaciones.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llegó al poder hace 18 años y ha establecido un dominio casi total sobre la prensa y la televisión del país, quedando las redes sociales como uno de los escasos espacios para acceder a voces disidentes.
La oposición: ataque a la libertad de prensa
El principal partido opositor, el socialdemócrata CHP, y el partido prokurdo izquierdista HDP, han criticado el proyecto de ley, que definen como una medida "anticonstitucional" que deja a los usuarios y ciudadanía "sin aliento".
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"Las redes sociales han abierto un espacio vital para la libertad de expresión en este país, donde la mayoría de medios de comunicación están controlados por el Gobierno", declaró a EFE Can Güleryüzlü, presidente de la Asociación de Periodistas Progresistas (CGD).
"Está claro que el proyecto de ley fue preparado para recortar la libertad de expresión", agregó.
Por su parte, Amnistía Internacional alertó en un comunicado sobre la potencial exposición de los representantes de estas empresas en Turquía, que podrían enfrentarse a "sanciones penales" y criticó el control que se ejerce sobre los usuarios al almacenar toda su información.
"Las autoridades podrán solicitar datos e identificar a los usuarios de manera más efectiva, lo que podría conducir a su detención y enjuiciamiento", detalla la organización de defensa de los derechos humanos.
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Malos datos sobre libertad de prensa
El Gobierno turco ya había advertido antes de que pretendía introducir medidas legales para mantener bajo control a los gigantes de las redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube al obligarlos a eliminar contenido o asumir fuertes multas.
Entre 2014 y 2019, el Gobierno turco ordenó el cierre de unas 27.000 cuentas en redes sociales y cerca de 246.000 páginas web, según un estudio de la Universidad turca de Bilgi y la Asociación de Libertad de Expresión (IFOD).
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En enero se pudo volver a acceder desde Turquía a la enciclopedia digital Wikipedia tras casi tres años de prohibición, después de que el Tribunal Constitucional considerara que el bloqueo atentaba contra los derechos recogidos en la Carta Magna.
Turquía ocupa el puesto 154 de un total de 180 países en el índice de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa, y ha detenido a decenas de periodistas bajo acusaciones genéricas como apoyo al terrorismo, según denuncian ONG de defensa de los derechos humanos.
