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Un amplio grupo de trabajadores y empresas que operan bajo el modelo de servicios temporales ha manifestado su preocupación frente al proyecto de decreto que estudia el Ministerio de Trabajo y que podría modificar de manera profunda esta modalidad de contratación. La inquietud central se relaciona con la posibilidad de que se apliquen restricciones que limiten la vinculación de personal, lo que impactaría directamente a miles de personas que hoy dependen de estos empleos formales para sostenerse.
¿Qué implicaciones tendría el límite del 10%?
Dentro de las medidas planteadas, el punto que ha generado mayor discusión es el tope del 10% para contratar trabajadores en misión. Sectores como el comercio, la floricultura, la logística, la manufactura y la agroindustria sostienen que ese porcentaje no refleja el comportamiento real del mercado laboral, que se mueve por picos estacionales, especialmente en temporadas como Navidad o San Valentín. Voceros laborales advierten que reducir la flexibilidad en estos momentos podría frenar operaciones y disminuir las oportunidades laborales, afectando a quienes suelen ingresar por primera vez al mercado gracias a este modelo.
¿Quiénes serían los más afectados?
El abogado laboralista David Zapata Jerez resaltó que por décadas este esquema ha sido una puerta de acceso al empleo formal para personas con dificultades de inserción. Según explicó, “jóvenes sin experiencia, madres cabeza de familia, migrantes y trabajadores con baja calificación han encontrado en este sistema una forma de emplearse con seguridad social y prestaciones”. El experto recuerda que numerosas pequeñas y medianas empresas dependen de estas contrataciones para ajustar su producción a la demanda sin ampliar de forma permanente sus plantas de personal.
Mientras avanza la consulta pública, miles de comentarios han sido registrados en la plataforma dispuesta para este proceso. Allí, tanto trabajadores como empleadores advierten que un cambio drástico en el modelo podría llevar a recortes y a la reducción de vacantes. Quienes dependen de estos contratos recalcan que perder esta alternativa limitaría su acceso a empleo formal y los empujaría hacia la informalidad, una situación especialmente crítica para quienes ya tienen dificultades para encontrar estabilidad.
Entre las observaciones enviadas por empresarios se destaca la preocupación por el incremento de costos que implicaría reemplazar parte del personal temporal con trabajadores permanentes. Algunos propietarios de pequeños negocios afirman que no podrían asumir esos gastos sin afectar su productividad. También existe inquietud por las nuevas facultades para inspectores de trabajo, quienes podrían ordenar contrataciones directas o imponer sanciones de inmediato, una función que usualmente corresponde a los jueces.
A pocos días de la decisión definitiva, el sector teme que la norma sea expedida sin ajustes adicionales. Trabajadores y empresas reiteran que cualquier cambio debe considerar la realidad productiva del país y el rol que el empleo temporal ha tenido en la inclusión laboral de poblaciones vulnerables, especialmente en actividades donde la estacionalidad determina la demanda de mano de obra.
