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El Ministerio de Salud presentó un borrador de decreto con el que le apuntará a modificar el funcionamiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), con el objetivo de mejorar el flujo de recursos, simplificar los trámites administrativos y garantizar una atención más oportuna a las víctimas de accidentes de tránsito, eventos catastróficos y actos terroristas.
La iniciativa que se encuentra en la fase de comentarios, plantea ajustes al Decreto 780 de 2016, que regula el sector salud, y responde a problemas estructurales que han afectado tanto a hospitales como a pacientes, en el proceso de atención y pago de servicios.
Menos trámites y una sola auditoría
Uno de los cambios más relevantes del proyecto es la implementación de una única auditoría para las reclamaciones relacionadas con pólizas de tarifa diferencial del SOAT.
“Actualmente, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) deben someterse a revisiones tanto por parte de las aseguradoras como de la ADRES, lo que ha generado demoras en los pagos y dificultades administrativas”, dijo.
Monto de la atención
El decreto destaca que si los costos no superan el límite del SOAT, la reclamación se hará directamente a la aseguradora.
“Si superan ese tope, el cobro se presentará ante la ADRES, que pagará a la IPS y luego recobrará a la aseguradora”, subrayó.
Ese cambio busca eliminar duplicidades y acelerar el reconocimiento de los servicios prestados.
Impacto en hospitales y pacientes
El proyecto reconoce que el actual modelo ha generado retrasos significativos en los pagos, afectando la liquidez de clínicas y hospitales, y, en consecuencia, la continuidad en la prestación de servicios de salud.
“La falta de estandarización en los procesos de auditoría ha derivado en conflictos entre aseguradoras y prestadores, prolongando la definición de pagos y dificultando la radicación de cuentas ante la ADRES”, explicó el Ministerio de Salud.
Nuevas reglas para reclamaciones
El decreto también introduce modificaciones en los requisitos para el reconocimiento de pagos por servicios de salud, indemnizaciones por incapacidad permanente, muerte, gastos funerarios y transporte.
Entre los principales cambios se destacan:
- Definición clara de las entidades ante las cuales se deben radicar las solicitudes (aseguradoras o ADRES).
- Ajustes en los documentos exigidos para cada tipo de reclamación.
- Mayor precisión en la certificación de víctimas de eventos catastróficos y terroristas.
“En el caso de eventos terroristas, se establece que las alcaldías municipales o las secretarías de gobierno serán responsables de certificar a las víctimas y elaborar el censo correspondiente”, manifestó la entidad.
Coordinación territorial y control
El proyecto también asigna a las secretarías de salud departamentales y distritales la responsabilidad de coordinar la red de atención para garantizar la referencia y contrarreferencia de pacientes, especialmente en casos complejos.
Asimismo, se refuerza el papel de los entes territoriales en la vigilancia del cumplimiento de las normas y en la articulación del sistema.
Un ajuste con impacto social
El Ministerio de Salud apuntó que el SOAT tiene una función social clave: garantizar la atención médica inmediata a las víctimas de accidentes de tránsito, cubriendo gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios.
“En ese contexto, el Gobierno busca que estas modificaciones no solo mejoren la eficiencia administrativa, sino que también contribuyan a reducir la evasión del seguro y a fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud”, sostuvo.
Próximos pasos
El decreto establece que el Ministerio de Salud deberá definir en un plazo de 60 días las condiciones operativas para la implementación de los cambios, mientras que los ajustes tecnológicos al sistema de información deberán realizarse en un plazo de 30 días.
De ser adoptada, la medida marcaría un cambio importante en la forma en que se gestionan los recursos del SOAT en Colombia, con el reto de traducir las reformas normativas en mejoras reales para pacientes y prestadores de servicios de salud.
Puntos a favor
1. Simplificación de trámites: La implementación de una sola auditoría (aseguradora o ADRES) reduce duplicidades. Disminuye la carga administrativa para hospitales y clínicas.
Puede acelerar el reconocimiento de cuentas.
2. Mejora en el flujo de recursos: Al definir quién paga desde el inicio, se reducen retrasos.
Las IPS tendrían mayor liquidez, lo que impacta positivamente la prestación del servicio.
Evita que los prestadores queden “atrapados” entre aseguradoras y ADRES.
3. Claridad en responsabilidades: Se establecen reglas más precisas sobre quién audita; quién paga, dónde radicar cuentas y cómo reducir conflictos jurídicos y administrativos entre actores.
4. Fortalecimiento del acceso a servicios: Mejores tiempos de pago pueden traducirse en atención más oportuna.
Se protege el derecho fundamental a la salud al garantizar continuidad.
5. Enfoque en atención integral: Se obliga a coordinar redes de atención desde secretarías de salud.
Mejora procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes.
6. Orden en eventos catastróficos y terroristas: Define con mayor claridad quién certifica víctimas, quién elabora censos y cómo se reducen vacíos institucionales en situaciones de emergencia.
