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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, declaró una reserva temporal de recursos naturales renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta, abarcando cerca de 942.005 hectáreas.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución 0280 de 2026 y establece una medida de protección sobre un territorio considerado estratégico por su relevancia en la regulación hídrica, la biodiversidad y la permanencia cultural de comunidades indígenas.
La zona protegida comprende áreas clave en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, fundamentales para la seguridad hídrica del Caribe colombiano. Según lo informado por la entidad, la medida busca salvaguardar uno de los ecosistemas más biodiversos del país, reconocido también por su papel en la conectividad ecológica y la regulación climática regional.
Restricciones a nuevas actividades extractivas
La declaratoria impide la entrega de nuevas concesiones mineras y la firma de contratos de hidrocarburos dentro del área protegida durante el tiempo de vigencia de la medida. En ese sentido, la Agencia Nacional de Minería no podrá habilitar nuevas zonas para exploración o explotación, ni suscribir contratos relacionados con estas actividades.
Además, las autoridades ambientales no podrán otorgar licencias o permisos para la exploración o explotación de minerales e hidrocarburos en el territorio delimitado. Estas restricciones se aplican como parte de un enfoque preventivo sustentado en el principio de precaución frente a presiones ambientales identificadas en la región, entre ellas las actividades extractivas.
Sin embargo, los proyectos que ya cuentan con títulos mineros, instrumentos técnicos aprobados y permisos ambientales vigentes podrán continuar hasta su finalización, pero no podrán ser prorrogados. Esta disposición mantiene las operaciones en curso bajo condiciones específicas, sin posibilidad de ampliación en el tiempo.
Importancia ambiental y cultural del territorio
La Sierra Nevada de Santa Marta es reconocida como el macizo litoral más alto del mundo y cumple funciones esenciales en la provisión de servicios ecosistémicos. Entre estos se incluyen el suministro de agua, la conservación de especies y la articulación de distintos ecosistemas.
El territorio también es considerado fundamental para la pervivencia cultural de pueblos indígenas como los Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa.
De acuerdo con la información oficial, estas comunidades han participado en el proceso junto con autoridades ambientales y otros actores territoriales, resaltando la importancia de proteger este espacio como eje de vida y equilibrio ambiental.
Vigencia de la medida
La reserva temporal tendrá una duración de dos años, periodo durante el cual se aplicarán las restricciones y medidas de protección definidas. La decisión se enmarca dentro de las acciones del Gobierno para la gestión ambiental y la conservación de ecosistemas estratégicos.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, señaló que “la medida tiene un carácter preventivo y busca responder a la necesidad de proteger el territorio frente a ciertos riesgos”. Asimismo, indicó que se trata de una acción orientada a preservar la biodiversidad, el agua y las condiciones de vida de las comunidades que habitan la región.
Con esta declaratoria, el Gobierno establece un esquema de protección temporal sobre uno de los territorios ambientales más relevantes del país, con restricciones claras a nuevas actividades extractivas y condiciones específicas para las operaciones existentes.
