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Después de un mes de la presentación del proyecto de educación en la Cámara de Representantes, se debate su impacto en el sistema académico colombiano. Aunque el proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a la educación y aumentar recursos para las instituciones, varios expertos creen que no es suficiente y que se necesita una reforma más amplia que abarque todos los niveles del sistema educativo.
De acuerdo con cifras del Sistema de Matrículas Estudiantil, en Colombia, cada año se gradúa un promedio de 480.000 jóvenes de bachillerato, de los cuales cerca de 290.000 no logran acceder a la educación superior. Brecha que es mucho más evidente en los territorios apartados, donde la falta de infraestructura y oferta académica básica afecta el ingreso de estos al mundo profesional, pues la tasa de cobertura neta en educación media llega solo al 48,7%.
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Si bien la nueva reforma reconoce la educación como “un derecho fundamental” y tiene un enfoque de diversidad e inclusión hacia grupos étnicos y comunidades vulnerables, expertos en el sector como Diego Mazo, rector de CEIPA, señalan que modificar solo la Ley 30, no es suficiente para garantizar el acceso a la oferta académica profesional, pues la falta de cobertura en educación media de calidad es uno de los principales factores que acentúa aún más la brecha de acceso al sistema académico.
“Para lograr una transformación verdadera es necesario reformar la Ley 115 del 94 que abarca todo el sistema educativo en general, no se puede garantizar el acceso a las IES cuando ni siquiera se asegura el ingreso a la secundaria. Se debe partir desde ahí para entender cómo todos estos sistemas se van a integrar y cómo pueden generar oportunidades de formación en una sociedad basada en el conocimiento”, puntualiza Mazo.
Otro de los puntos que preocupa a la mayoría de rectores de instituciones universitarias es la falta de flexibilidad y actualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
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“El sistema de aseguramiento actual se basa en la recolección de información e indicadores de procedimiento que no aseguran que la educación sea de alta calidad. Es necesario migrar a un sistema de accountability, avanzar en nuevos mecanismos de medición de variables y reglamentación que sean más flexibles y coherentes con las necesidades del mundo profesional, como medir la tasa de ocupación, salarios e impacto de los egresados del programa o los resultados de las pruebas Saber Pro”, afirma Mazo.
La financiación propuesta en los artículos 86 y 87 de la reforma enfrenta críticas, ya que se considera necesario separar la estructura educativa de la financiación y crear alternativas que permitan a los estudiantes elegir la oferta académica que mejor se adapte a sus necesidades.
El aumento de los aportes del Presupuesto General de la Nación a universidades públicas no es suficiente para satisfacer la demanda de estudiantes que buscan cursar estudios de pregrado.
