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La Procuraduría General de la Nación requirió formalmente al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación y al Icetex información detallada sobre la asignación, programación y desembolso de recursos destinados a la financiación de créditos educativos para el segundo semestre de 2024 y para el año 2025.
Esta falta de recursos estaría afectando a más de 200.000 estudiantes que no han logrado las renovaciones de créditos y matrículas de educación superior.
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La Procuraduría pidió a las tres entidades involucradas que entregaran la siguiente información:
Ministerio de Hacienda
- Detallar el monto total del presupuesto asignado al sector educativo para 2024.
- Explicar el cronograma de desembolsos realizados en 2024, incluyendo una descripción mensual de las transferencias y las que aún están pendientes.
- Especificar los recursos que aún no se han transferido al sector educativo.
- Presentar la programación presupuestal completa para 2025, especificando los recursos destinados al Icetex para la renovación de créditos y nuevas matrículas.
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Ministerio de Educación
- Explicar cómo se priorizaron los recursos proyectados para diciembre de 2024 y el primer semestre de 2025 en relación con el Icetex, particularmente para renovaciones de créditos y matrículas.
- Detallar el presupuesto asignado al Icetex para 2024, especificando cuánto de este ya ha sido transferido.
- Informar sobre los recursos pendientes de entrega para 2024, con fechas claras sobre los desembolsos.
- Presentar un desglose del presupuesto para el sector educativo de 2025.
Icetex
- Proveer un reporte detallado sobre los recursos programados para 2024, específicamente para renovaciones de créditos y matrículas, y los desembolsos realizados mes a mes.
- Informar sobre los recursos pendientes de desembolso a las instituciones de educación superior, explicando las causas de los retrasos.
- Evaluar el impacto de estos retrasos en los compromisos con estudiantes y universidades.
- Especificar las fuentes de financiación utilizadas para cumplir con las obligaciones de 2024 y proyectar los recursos necesarios para 2025.
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Las entidades requeridas deberán entregar la información solicitada antes del 25 de noviembre de 2024. La Procuraduría continuará su labor para asegurar que se adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación superior de calidad en Colombia.
