La FM en Google News
La Asociación Distrital de Educadores (ADE) anunció un paro distrital de 24 horas, el próximo miércoles 12 de marzo, que afectará la jornada académica en los colegios oficiales de Bogotá.
La movilización fue aprobada por la junta directiva y la asamblea de delegados del sindicato, como respuesta a lo que consideran decisiones administrativas que debilitan la educación pública y las condiciones laborales del magisterio
¿Qué piden los maestros?
La presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza, afirmó que el paro busca exigir respeto por la organización sindical, además de denunciar el incumplimiento de acuerdos colectivos vigentes desde 2005, especialmente los relacionados con las semanas de desarrollo institucional no presenciales.
“El calendario académico con las semanas no presenciales que es un derecho que hemos tenido con acuerdos colectivos desde el año 2005 y no vamos a entregar nuestros derechos. Son derechos ya ganados y nuestra organización es clara", dijo.
Condiciones de los docentes
Entre los principales motivos de la movilización también se encuentran las condiciones de seguridad en los entornos escolares.
La ADE alertó que más de 200 maestros y maestras fueron amenazados en 2025 y cuestionó la falta de respuestas estructurales por parte de la administración distrital.
“Vamos a salir el 12 de marzo, uno de ellos son los entornos seguros. Bogotá no tiene entornos seguros para los estudiantes, para los niños, para las niñas. Hubo más de 202 maestras y maestros amenazados en 2025 y lo único que hacen es trasladarlos y no hay pronunciamiento por parte del alcalde Galán, con respecto cuando amenazan a un educador o educadora”, dijo.
El sindicato cuestionó los lineamientos recientes de la Secretaría de Educación del Distrito, que según la ADE, han incrementado el control laboral, las exigencias administrativas y las restricciones en la vida institucional de los colegios.
Decisiones del Distrito
Según el sindicato, el traslado de docentes amenazados no resuelve el problema de fondo, ni garantiza la protección de la comunidad educativa.
Otro de los puntos críticos señalados es el impacto de las decisiones administrativas sobre la educación inicial, como el cierre de grados de prejardín y jardín, una medida que a juicio de la ADE, representa un retroceso para la primera infancia y profundiza las brechas de desigualdad.
A esto se suma la inestabilidad laboral y la sobrecarga de funciones, factores que afectan la continuidad de los procesos pedagógicos y la salud de los educadores.
