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Tras el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional y la solicitud que hizo de forma directa a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investigue los "incumplimientos" del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a las órdenes de ajustar la unidad de pago por capitación (UPC), según las organizaciones de pacientes el país atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de salud.
El vocero de los pacientes de alto costo, Néstor Álvarez , le exigió al Gobierno Nacional cumplir de manera inmediata las órdenes judiciales para evitar más muertes evitables.
“La decisión de la Corte vuelve a salvar la vida de los colombianos, luego de un año marcado por una crisis humanitaria en el sistema de salud, caracterizada por fallecimientos, interrupciones en tratamientos y vulneraciones sistemáticas al derecho fundamental a la salud”, dijo.
¿Qué dice la Corte?
De acuerdo con Álvarez, el alto tribunal obliga al Ministerio de Salud a cumplir dos acciones centrales: responder de manera inmediata al incidente de desacato, con un plazo de 48 horas, y establecer un plan urgente de atención en salud, que permita enfrentar la crisis estructural que afecta a millones de usuarios.
“Sabemos que, lamentablemente, existe una alta probabilidad de que el Gobierno no cumpla en los tiempos exigidos. Aun así, la exigencia de un plan inmediato es bienvenida, porque puede permitir salvar vidas”, señaló el representante de los pacientes, quien recordó que desde la sociedad civil ya se había conformado una mesa de crisis para visibilizar la gravedad de la situación.
Álvarez expresó además una profunda preocupación por lo que considera un déficit en el cumplimiento de los mandatos democráticos por parte del Ejecutivo.
“Estamos en un momento muy crítico. Esperábamos que el Gobierno cumpliera, pero hoy tenemos serias dudas de que respete las órdenes judiciales y actúe conforme a la democracia”, afirmó.
El vocero fue enfático en rechazar lo que calificó como el uso de la salud como herramienta de confrontación política.
“La salud no puede seguir siendo utilizada como un arma política. Es una obligación constitucional del Estado garantizarla para todos los colombianos, sin distinción”, subrayó.
Las declaraciones se dan en un contexto en el que la Corte Constitucional ha intensificado su control sobre el sistema de salud, advirtiendo incumplimientos reiterados en materia de financiación, sostenibilidad y acceso efectivo a los servicios, y trasladando posibles responsabilidades a los organismos de control.
Desde las organizaciones de pacientes, el llamado es claro: acatar las órdenes judiciales, ejecutar medidas inmediatas y priorizar la vida y la dignidad de los ciudadanos, en un sistema que hoy enfrenta una presión sin precedentes y cuyos efectos recaen, principalmente, sobre las poblaciones más vulnerables.
