Un llamado urgente hizo la organización AHF Colombia a la Unión Europea para que deje de obstaculizar compromisos vinculantes de equidad sanitaria en las negociaciones internacionales que buscan definir el acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos durante futuras pandemias.
El pronunciamiento de la entidad se registra en medio de las discusiones que se adelantan en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, donde los países negocian el Anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS), considerado un componente clave del Acuerdo sobre Pandemias adoptado en mayo de 2025.
“Este mecanismo pretende establecer reglas claras para que, cuando los países compartan muestras de virus y datos científicos esenciales para el desarrollo de tecnologías médicas, los beneficios derivados —como vacunas y tratamientos— se distribuyan de manera equitativa a nivel global”, dijo.
Advertencias
Afirmó que sin embargo, organizaciones de salud pública han advertido que la postura de la Unión Europea podría debilitar el alcance del acuerdo.
“Más de 80 países en desarrollo, incluida Colombia, han solicitado la implementación de compromisos obligatorios que garanticen el acceso justo a estas herramientas, mientras que el bloque europeo impulsa un modelo basado en aportes voluntarios de la industria farmacéutica.
Según la propuesta europea, los fabricantes podrían liberar apenas el 20 % de su producción durante una pandemia, de los cuales solo el 10 % sería donado, mientras que el resto estaría sujeto a acuerdos comerciales.
Emergencia sanitaria
Destacan que durante esa emergencia sanitaria, iniciativas como COVAX lograron distribuir cerca de 2.000 millones de dosis en 146 economías. No obstante, la distribución fue profundamente desigual.
“En 2021, los países de altos ingresos, que representan apenas el 16 % de la población mundial, aseguraron al menos el 70 % de las vacunas disponibles, según análisis publicados en la revista científica The Lancet”, sostuvo.
Recalcan que el impacto en Colombia fue significativo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el país registró más de 6,3 millones de casos y cerca de 142.700 muertes asociadas al COVID-19 hasta 2023.
“Además, se evidenció un aumento del 12,6 % en la mortalidad materna y un fuerte incremento en las desigualdades territoriales, con efectos más graves en las poblaciones de menores ingresos”, señaló.
Nuevo acuerdo global
En este contexto, las organizaciones insisten en que el nuevo acuerdo global debe incluir disposiciones obligatorias de equidad sanitaria.
“Entre sus principales demandas destacan la adopción de contratos vinculantes para el uso de patógenos, la transferencia de tecnología, el acceso equitativo a productos médicos, la trazabilidad de los datos y la participación activa de la sociedad civil”, explicó.
Asimismo, advierten que un acuerdo débil podría limitar los esfuerzos de producción regional y soberanía sanitaria en países de ingresos bajos y medios, especialmente en regiones como América Latina y el Caribe, que durante la pandemia enfrentaron grandes dificultades para acceder oportunamente a vacunas y tratamientos.
“La lección del COVID es clara: cuando las reglas son débiles, la desigualdad se impone. No puede volver a existir una fila VIP en la próxima pandemia”, señaló Francisco Rubio, Director de Incidencia de AHF para América Latina y el Caribe.
Equidad sanitaria
Por su parte, Sandra Ávila señaló que la equidad sanitaria no puede depender de donaciones tardías, sino de compromisos claros y obligatorios que garanticen el acceso oportuno a herramientas que salvan vidas.
“Durante el COVID vimos cómo los países con más recursos aseguraban vacunas y tecnología médica mientras millones de personas en regiones como América Latina esperaban acceso a herramientas básicas para salvar vidas. La equidad sanitaria no puede depender de donaciones tardías; requiere compromisos claros”, añadió Sandra Ávila, Gerente de Programa de AHF Colombia.
Afirmó que las negociaciones sobre el sistema PABS continuarán durante los próximos meses y serán determinantes para definir si el mundo contará con un mecanismo efectivo para evitar la repetición de las profundas desigualdades evidenciadas durante la pandemia de COVID-19.
“Las negociaciones sobre el sistema PABS continuarán durante 2026 y definirán las reglas globales para el acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos en futuras pandemias. Para organizaciones de salud pública, el debate actual gira en torno a un punto central: si el nuevo acuerdo establecerá obligaciones claras de reparto de beneficios —incluyendo acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos derivados de patógenos compartidos— o si esos compromisos quedarán sujetos a mecanismos voluntarios”, puntualizó.