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Las diferentes organizaciones que hacen parte del Colegio Médico de Antioquia, Santander, Cauca y Cundinamarca y Bogotá, prendieron las alertas sobre los riesgos que podrían enfrentar miles de pacientes.
Según la entidad, la mirada está puesta en aquellas personas que sufren enfermedades raras, crónicas y de alto costo, que serían las afectadas al darse cumplimiento al nuevo decreto del gobierno nacional relacionado con la reorganización del aseguramiento en salud.
“De forma conjunta manifestamos nuestra preocupación por los efectos que podría tener el Decreto 0182 de 2026, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que plantea una reorganización de los pacientes en todo el territorio nacional”, dijo.
Según los médicos, aunque la reorganización territorial del sistema podría mejorar la eficiencia del servicio en teoría, su implementación en medio de la actual crisis del sistema de salud podría generar efectos contrarios, afectando la continuidad de la atención de miles de pacientes en el país.
Riesgos para pacientes de alto costo
Los colegios médicos advierten que, bajo el nuevo esquema, la Nueva EPS podría convertirse en la principal receptora de afiliados en diferentes regiones del país, llegando a concentrar cerca de 14 millones de usuarios y recibiendo entre 2,6 y 3 millones de nuevos afiliados en cerca de 520 municipios.
“Esta situación resulta preocupante porque la EPS, que actualmente se encuentra bajo manejo del Gobierno nacional desde abril de 2024, viene presentando un deterioro en indicadores financieros y de calidad, situación evidenciada en quejas, tutelas y reportes publicados por entidades de control”, indicaron.
Afirmaron que de esta forma, la vida de muchos pacientes está en riesgo por las dificultades en atención que podrían seguir teniendo en el sistema de salud.
“Asignarle más población en estas condiciones pone en riesgo la salud y la vida de miles de personas con enfermedades crónicas, huérfanas, cáncer y otras patologías de alto costo”, advierten los colegios médicos.
Problemas de acceso a servicios y medicamentos
Los médicos también señalaron que a lo largo de los últimos días ya han conocido casos de cierres de servicios en clínicas y hospitales, debido a deudas acumuladas, así como dificultades con operadores farmacéuticos, lo que ha generado barreras para que miles de pacientes reciban medicamentos y tratamientos oportunamente.
“En este contexto, alertamos que un traslado masivo de afiliados entre EPS podría agravar los problemas de acceso, continuidad e integralidad en la atención, especialmente para pacientes que dependen de tratamientos especializados y permanentes”,manifestaron.
Impacto en zonas con violencia
Otro de los puntos que resaltan los profesionales de la salud es que esta reorganización podría tener efectos más graves en territorios con condiciones complejas de seguridad, como algunas zonas del departamento del Cauca, donde el acceso a servicios de salud ya es limitado por el contexto de violencia.
“Las decisiones administrativas que no tengan en cuenta las condiciones territoriales, la seguridad y la capacidad instalada de la red hospitalaria podrían traducirse en mayores barreras para los pacientes y vulneraciones al derecho fundamental a la salud”, apuntaron.
Llamado a las autoridades
Frente a este panorama, los colegios médicos solicitaron a la Corte Constitucional de Colombia, a los organismos de control y al Gobierno nacional, detener el proceso de reorganización del aseguramiento hasta que se garanticen condiciones seguras para el traslado masivo de afiliados y se proteja la continuidad de los tratamientos.
“Insistimos en que su pronunciamiento responde al deber ético de advertir sobre situaciones que podrían representar un riesgo grave para la salud y la vida de miles de pacientes en el país”, puntualizan.
Preocupación de Hospitales y Clínicas
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) en una carta enviada al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le expresó su preocupación por los alcances del Decreto 182 de 2026 y sus posibles efectos sobre la operación del aseguramiento en el sistema de salud.
El director de la entidad, Juan Carlos Giraldo, afirmó que el mayor riesgo está relacionado con el traslado de afiliados entre aseguradoras y el impacto en la red de prestadores.
“Las medidas contempladas en la norma podrían generar mayores dificultades en un sistema que ya enfrenta problemas financieros y operativos”, dijo.
El documento apunta que en condiciones ideales de funcionamiento, mecanismos de reorganización como los planteados en el decreto, podrían contribuir a mejorar el acceso de los usuarios y equilibrar la operación del sistema.
“Sin embargo, es importante señalar que en el contexto actual dista de ser el adecuado para implementar este tipo de medidas”, apuntó.
Ocho EPS intervenidas
Según la ACHC, actualmente existen 28 Entidades Promotoras de Salud (EPS) habilitadas, de las cuales ocho están bajo medida de intervención para administrar, dos se encuentran en vigilancia especial y, de las restantes, sólo dos cumplen con los indicadores de permanencia exigidos por la regulación, representando menos del 1 % de la población afiliada.
“Las fallas del aseguramiento se reflejan en el aumento de peticiones, quejas y reclamos, así como en la creciente deuda con la red de prestadores de servicios de salud. Esta situación, indican, ha obligado a muchas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) a limitar su capacidad de atención o a restringir algunos servicios por falta de recursos e insumos”, sostuvo.
EPS en crisis
La asociación señaló particularmente la situación de Nueva EPS, que concentra el mayor número de afiliados en el país y actualmente se encuentra bajo intervención.
De acuerdo con el estudio de cartera de la ACHC con corte a junio de 2025, esta entidad acumula una deuda de $6,7 billones con las IPS, lo que equivale al 43,1 % del total de la cartera del sistema, además de registrar una morosidad del 60,9 %.
