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Un incremento de los conflictos sociales, reportó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis en diferentes regiones del país.
El funcionario afirmó que en los dos primeros meses del año los eventos de protesta que expresan el escalamiento de los conflictos sociales, aumentaron en un 72,6%.
“Durante los dos primeros meses de 2023 se ha observado un incremento de conflictos sociales respecto al mismo período del año anterior. Mientras en enero y febrero de 2022 se registraron 124 eventos de este tipo, en el mismo periodo de 2023 la cifra llegó a los 214 eventos, es decir un incremento del 72,6%”, aseguró.
Subrayó que tras estas cifras es importante hacer un llamado a las autoridades gubernamentales para priorizar el diálogo social, como respuesta adecuada a las demandas sociales y así evitar postergar la constitución de espacios de diálogo social y atender el llamado de las comunidades de diferentes regiones del país, ante el incremento de las dinámicas de conflictividad social.
“De acuerdo con el monitoreo realizado por el Observatorio de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, durante el año 2022 se registraron 1.428 eventos relacionados con diversos tipos de conflictividad social”, sostuvo.
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Camargo indicó que la dinámica observada mes a mes, a partir del segundo semestre de 2022 se evidenció una tendencia al alza de los conflictos sociales, alcanzando el número más alto en el mes de septiembre con 186 eventos.
“En estos escenarios la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social y las Defensorías Regionales, ha venido brindando acompañamiento permanente y haciendo eco de los llamados de las comunidades que ven en este tipo de manifestaciones sociales un camino para ser escuchados y reivindicar sus derechos”, agregó.
El Defensor del Pueblo manifestó su rechazo a las vías de hecho y la violencia, y señaló que, es importante que el gobierno fortalezca la herramienta del diálogo.
“Como Defensor del Pueblo le reiteró al Gobierno Nacional y a los entes territoriales la importancia de trabajar en la prevención temprana para evitar el escalamiento violento de las protestas sociales, atender los llamados de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mineras, entre otras, para escuchar sus necesidades y construir rutas de trabajo que permitan prevenir la violencia como forma de protesta, así como la respuesta institucional a la misma”, manifestó.
Apuntó que desde las 42 Defensorías Regionales se mantienen dispuestos los equipos que viene acompañando las manifestaciones de las comunidades, con el fin de servir de mediadores y garantes de derechos, facilitar canales de comunicación con las autoridades para establecer espacios de diálogo que permitan lograr acuerdos (con enfoque de derechos humanos), así como para servir de garantes de los mismos.
“La conflictividad social ha venido creciendo en las últimas semanas, en diferentes regiones del país, y las autoridades gubernamentales no deben postergar la constitución de los espacios de diálogo que las comunidades vienen demandando”, añadió.
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Dijo que es urgente que además del Gobierno Nacional, los gobernadores y los alcaldes acompañen e impulsen un ejercicio de diálogo propositivo, que permita avanzar en la búsqueda de soluciones concretas con enfoque de derechos humanos.
Según la Defensoría del Pueblo las expresiones de conflictividad se presentan con mayor intensidad en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Magdalena, La Guajira, Tolima, Norte de Santander, Cauca, Boyacá y Córdoba, como también en Bogotá donde se concentran eventos de movilización que expresan el inconformismo en el país.
