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El Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en la implementación de su política de acceso y formalización de la tierra, con resultados en comunidades étnicas. Hasta la fecha, bajo la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se han formalizado aproximadamente 2,1 millones de hectáreas en Colombia, de las cuales más de 1,5 millones corresponden a territorios de comunidades indígenas y afro.
Del total de hectáreas formalizadas a comunidades étnicas, más de 918.000 corresponden a la ampliación de resguardos indígenas; cerca de 554.000 a la constitución de nuevos resguardos, y más de 67.000 a procesos de titulación colectiva a comunidades negras.
“Continuamos con nuestra tarea de implementar la Reforma Agraria y atender a las comunidades étnicas del país. Estas acciones permiten fortalecer el control territorial de las comunidades y consolidar procesos de restauración y conservación ambiental liderados por los pueblos indígenas”, declaró el subdirector de Asuntos Étnicos de la ANT, Olinto Mazabuel Quilindo.
Estas acciones garantizan la protección de territorios ancestrales y contribuyen a la reducción de desigualdades en el acceso a la tierra.
Aurelio Segundo Ortega, tras recibir el título de su propiedad rural en El Molino, La Guajira, comentó sobre la seguridad que le brinda el documento. La ANT le entregó el título a inicios de marzo, finalizando una espera de más de 20 años sin escrituras formales.
En el marco de su política integral, el Gobierno también ha entregado tierras a comunidades étnicas: 412 predios en 25 departamentos, lo que representa más de 100.000 hectáreas, favoreciendo el desarrollo rural.
Julio Daza, gobernador indígena de la etnia Wiwa, se refirió a la entrega de dos predios (más de 500 hectáreas) a su comunidad y a la comunidad Cariachil en marzo de este año, agradeciendo a la ANT por la continuidad de la Reforma Agraria.
En Caloto, Cauca, la Agencia entregó 25 predios conocidos como ‘Canaimas’ (cercanos a 452 hectáreas) a consejos comunitarios afrodescendientes e indígenas, beneficiando a cerca de 8.000 familias, y cumpliendo compromisos históricos del Estado con las víctimas de la masacre en la Hacienda del Nilo en 1991.
Paralelamente, el Gobierno ha impulsado el desarrollo productivo en territorios étnicos mediante la cofinanciación de 175 proyectos comunitarios con enfoque étnico y de género, beneficiando a más de 15.700 familias con una inversión superior a $82.079 millones.
Estas acciones, realizadas entre 2022 y 2025 en diversas regiones, han estado dirigidas al fortalecimiento de sistemas productivos, la seguridad alimentaria y la generación de ingresos en comunidades indígenas y negras.
Las principales líneas de acción incluyen la producción agrícola, la implementación de sistemas agroforestales, el desarrollo de proyectos pecuarios y el fortalecimiento de infraestructura.
Jaime Martínez Cabrera, líder de la comunidad indígena Unión Baquiaza en Bojayá, Chocó, agradeció el apoyo de la ANT, resaltando el beneficio para 102 familias. En 2025, la ANT les proporcionó insumos para su proyecto alimentario.
El programa incorpora un enfoque diferencial étnico y de género, reconociendo saberes ancestrales y el papel de las mujeres en las economías comunitarias.
La directora de Asuntos Étnicos de la ANT, Farlin Perea Rentería, destacó el cumplimiento del Gobierno en la Reforma Agraria y la atención a comunidades étnicas afectadas por el conflicto armado.
La ANT promueve la autonomía económica y la sostenibilidad de los territorios, consolidando modelos productivos acordes con la identidad cultural de las comunidades.
“Estas acciones demuestran el cumplimiento que hemos tenido en el Gobierno del presidente Petro con la Reforma Agraria. Incluso demuestran que hemos cumplido con compromisos del Estado que las comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, llevaban esperando tres décadas, todo ese tiempo para ser reparadas”, afirmó la directora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, Farlin Perea Rentería.
Perea concluyó que la Reforma Agraria también es étnica y busca saldar deudas históricas con pueblos indígenas y comunidades negras, devolviendo dignidad y construyendo paz territorial.
