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La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció presuntas irregularidades en un contrato por 12.500 millones de pesos, adjudicado a la Fundación Universitaria San José cuyo objeto sería la enseñanza del idioma japonés.
Según la denuncia de la líder política, este contrato beneficiaría a 30.000 personas en condición de vulnerabilidad en varios municipios del departamento del Magdalena.
“El contrato contemplaría la formación en japonés de población vulnerable, incluyendo víctimas del conflicto armado, comunidades rurales y campesinas, grupos étnicos y personas con discapacidad en municipios como Aracataca, El Banco, Pijiño del Carmen, Plato y Remolino”, señaló.
Pertinencia del programa
Juvinao cuestionó además la pertinencia del programa al señalar que la población beneficiaria, en muchos casos, presenta dificultades en lectoescritura en español, idioma oficial en la región.
“Imagínense contratar a la Fundación Universitaria San José para que le enseñe japonés a la población más pobre y vulnerable de los municipios del Magdalena que no saben escribir ni leer español”, afirmó.
La representante también aseguró que el proceso contractual habría sido adjudicado mediante una licitación pública con un único oferente, lo que, a su juicio, levanta dudas sobre la transparencia del proceso.
Indicó además que durante la ejecución se habrían presentado cambios en las condiciones iniciales del contrato y en los plazos establecidos.
Pronunciamiento del gobierno
Además criticó el pronunciamiento del Ministerio de Educación frente a las recientemente medidas de vigilancia especial y la formulación de pliego de cargos contra la Fundación San José, por presuntas irregularidades relacionadas con la expedición de títulos académicos.
“Lo más increíble e indignante es que precisamente hoy el Ministerio de Educación está anunciando las medidas más drásticas contra esta universidad, algo que por supuesto es falso. La medida más drástica era intervenirla, es decir, se remueven las directivas y el Ministerio de Educación toma el total control de la institución, pero no, lo que les pidieron fue un plan de mejora van a delegar a una inspectora del ministerio para que por favor las mismas directivas corruptas que vienen haciendo todo lo que vienen haciendo, sean las que mejoren la universidad y dejen de hacer estas cosas tan terribles”, relató.
Según la congresista, la actuación debió incluir una intervención directa de la institución. Asimismo, cuestionó lo que calificó como un “doble estándar” en el tratamiento del caso por parte del Gobierno Nacional.
Nuevas investigaciones
La parlamentaria también pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General ampliar las investigaciones en curso para revisar no solo la expedición de títulos, sino también la eventual legalidad de contratos suscritos con entidades del Estado.
La representante a la Cámara, llamó la atención sobre el instituto de idiomas que, según ella, estaría aliado con la Fundación para ofrecer los cursos de japonés.
Indicó que el centro, denominado Springfield, no presenta actividad reciente en redes sociales y que no habría sido posible ubicar su sede física en Bogotá ni obtener respuesta telefónica.
Hasta el momento, la Fundación Universitaria San José no se ha pronunciado oficialmente frente a estas nuevas denuncias.
Tampoco se conocen respuestas por parte de las entidades contratantes del proyecto en el Magdalena.
