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El Ministerio de Salud mediante un comunicado, aseguró que el proyecto de decreto sobre mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque poblacional y territorial, no contempla traslados masivos ni automáticos de afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS), como lo denunciaron distintas organizaciones de usuarios en el país.
La entidad señaló que cualquier proceso de asignación o eventual reasignación de afiliados se realizará con base en criterios técnicos, de manera gradual y con salvaguardas orientadas a garantizar la continuidad del aseguramiento y la atención en salud de la población.
Ordenar el aseguramiento
Según el Ministerio, el propósito central del proyecto normativo que se encuentra en análisis de los comentarios presentados, es proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la continuidad del aseguramiento y fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La iniciativa plantea la adopción de criterios objetivos de ordenamiento territorial y poblacional del aseguramiento, con el fin de facilitar el acceso efectivo e integral a los servicios de salud, especialmente en municipios rurales, dispersos, de frontera o con limitaciones estructurales en la oferta.
Apuntó que el diagnóstico técnico de la entidad evidencia fallas estructurales en la operación territorial del sistema, entre ellas la fragmentación excesiva de afiliados, la presencia marginal de múltiples aseguradores sin escala poblacional suficiente, la selección adversa geográfica y la pérdida de economías de escala necesarias para una adecuada gestión del riesgo en salud.
Estas condiciones —según el comunicado— afectan la eficiencia operativa, generan riesgos financieros y comprometen la continuidad e integralidad de la atención.
Competencia regulada y aval técnico
“El proyecto introduce un ordenamiento del aseguramiento basado en variables como la escala y densidad poblacional, la capacidad operativa real de las EPS, la dispersión geográfica, la sostenibilidad financiera y la articulación con las redes de prestación de servicios”, dice.
El Ministerio enfatizó que la propuesta no impone restricciones arbitrarias a la libre competencia ni adopta criterios fiscales distintos, sino que se enmarca en un modelo de competencia regulada para corregir fallas del mercado y garantizar condiciones mínimas de viabilidad operativa.
“En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la función de abogacía de la competencia, concluyó que el proyecto no tiene por objeto ni por efecto restringir indebidamente la competencia y reconoció que las medidas persiguen fines legítimos de equidad territorial, eficiencia del sistema y protección de los usuarios”, sostuvo.
Reglas para asignación
El Ministerio de Salud afirmó que este decreto establece reglas claras, objetivas y transparentes para la asignación y eventual reasignación de afiliados, priorizando la continuidad de tratamientos en curso, la unidad de los grupos familiares y la neutralidad en la composición del riesgo epidemiológico.
“Además, busca proteger la sostenibilidad financiera del esquema de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), evitando concentraciones desproporcionadas de población de alto costo que puedan afectar la integralidad de la atención”, explicó.
Apuntó que además este proceso se hace teniendo criterios técnicos con el apoyo de las regiones.
“Ordenar el aseguramiento con criterios técnicos y territoriales es una medida de responsabilidad estatal, orientada al interés general y a la protección efectiva de los usuarios del sistema de salud”, señaló el Ministerio.
Estudios de los territorios
Subrayo que "los análisis técnicos adelantados por el Ministerio evidencian la persistencia de fallas estructurales en la operación territorial del aseguramiento, particularmente asociadas a la fragmentación excesiva de afiliados, la presencia marginal de múltiples aseguradores en territorios sin escala poblacional suficiente, la selección adversa geográfica y la pérdida de economías de escala necesarias para la gestión integral del riesgo en salud".
Añadió que "estas condiciones afectan la eficiencia operativa del sistema, generan riesgos financieros y comprometen la continuidad y la integralidad en la atención, especialmente en municipios rurales, dispersos, de frontera o con limitaciones estructurales en la oferta de servicios de salud”.
Puntualizó que el proyecto no debilita el sistema ni genera incertidumbre, sino que constituye una herramienta necesaria y técnicamente sustentada, para organizar la operación del aseguramiento conforme a la realidad territorial del país.
